La Junta de Extremadura pide al Gobierno un diálogo "real" con las CCAA y agentes sociales sobre el registro de jornada

   MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Extremadura ha manifestado su "preocupación" y "rechazo" ante el borrador del Real Decreto por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, actualmente en fase de tramitación urgente por parte del Gobierno central.

   Así, ha pedido al Gobierno Central la retirada del trámite urgente y la apertura de un proceso de diálogo "real" con las comunidades autónomas y los agentes sociales.

   También aboga la Junta de Extremadura por la realización de un estudio económico y de cargas administrativas, conforme a la Guía Metodológica de la MAIN, así como la modificación del calendario de entrada en vigor, ajustándolo al 2 de enero o 1 de julio, tal y como establece la Ley 50/1997, para permitir una adecuada adaptación técnica y operativa.

   De igual modo, reclama la inclusión de líneas de ayuda específicas para pymes y autónomos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que faciliten la implantación del sistema de registro digital.

   Además, el Ejecutivo extremeño reitera su "compromiso" con la mejora de las condiciones laborales, la conciliación y la lucha contra la precariedad, pero insiste en que no aprueba medidas que, "bajo el pretexto de modernización, penalizan a los más vulnerables y ponen en riesgo el tejido productivo regional"; e insta al Gobierno a reconsiderar este borrador y a trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas para construir una normativa "justa, viable y adaptada a la realidad empresarial de cada territorio".

   En nota de prensa, la Administración extremeña lamenta, así, que este anteproyecto, a su juicio, "lejos" de responder a las necesidades reales del tejido empresarial extremeño, especialmente compuesto por microempresas, pymes y autónomos, "impone" una serie de obligaciones técnicas y administrativas que resultan "desproporcionadas, inasumibles y perjudiciales" para la competitividad y el empleo en la región.

   En la misma línea, el Ejecutivo regional critica la "inobservancia" de las directrices de técnica normativa, así como la "ausencia" de estudios económicos y presupuestarios que evalúen el impacto "real" de esta medida.

   Entiende también que la tramitación por vía urgente "vulnera" el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, al sustituir el proceso de negociación colectiva por un "mero" trámite de audiencia, lo que para la Junta "menoscaba el derecho constitucional de participación democrática".

   El nuevo sistema de registro digital en tiempo real, con exigencias de interoperabilidad, trazabilidad, autenticidad y acceso remoto, supone asimismo a su juicio una carga tecnológica y económica "inasumible" para "muchas" empresas extremeñas, especialmente en sectores rurales, agrarios y con menor grado de digitalización.

   Argumenta al respecto que, según datos de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, "sólo" un 25 por ciento de las empresas españolas gozan de una salud digital "sólida", lo que "agrava aún más" la situación en Extremadura.