La Junta insiste en aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y recursos públicos

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, en manos de Vox, mantiene como medidas "prioritarias claras" para su desarrollo en la comunidad las de aplicar el principio de prioridad nacional y el "arraigo real" en el acceso a ayudas y recursos públicos, junto a la "eliminación" de subvenciones a entidades que favorecen la inmigración ilegal.

   De igual modo, basará sus políticas en la "reducción" del gasto en cooperación internacional; la "redistribución" de recursos a nacionalidades sociales de Extremadura; la mejora de la eficacia; la simplificación; la lucha contra el fraude; el apoyo a las familias; la coordinación con los servicios sociales de base; y una evaluación "rigurosa" del gasto público.

   Así lo ha indicado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, en respuesta a una pregunta en comisión de la Asamblea por parte del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos sobre cuáles son las medidas prioritarias de dicha consejería para el sistema público de Servicios Sociales.

   Tras defender, así, que los servicios sociales "deben estar al servicio de la gente de aquí, de las personas de esta tierra", ha criticado que la política social ha sido utilizada por la izquierda "como un instrumento ideológico" en el que "se ha confundido ayudar con repartir subvenciones", y en el que "se ha ido desplazando el foco, y en lugar de atender primero a los españoles y a los extremeños que peor lo están pasando se han priorizado agendas ideológicas, gasto improductivo y políticas de efecto llamada".

   A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha criticado la "caricatura" que supone a su juicio la Consejería de Desregulación, basada en "frases hechas, algunas tremendamente crueles", pero sin propuestas reales, ha dicho; y ha reclamado medidas a la Junta para acabar con la "precariedad" del sistema público de servicios sociales y sus profesionales; a la vez que ha demandado un plan "estratégico" con "planificación de las necesidades de protección".

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