La Junta licita por 47,46 millones el nuevo contrato de ambulancias que podría entrar en servicio en septiembre

La vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, y el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, informan sobre la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre
La vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, y el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, informan sobre la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre - JUNTA DE EXTREMADURA
Actualizado: martes, 10 mayo 2022 20:02

   MÉRIDA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la licitación del nuevo servicio de transporte sanitario terrestre en la región por 47.464.427 euros anuales (con un lote de 26.508.167 euros anuales en la provincia de Badajoz y otro de 20.956.260 euros para el lote de la provincia de Cáceres).

   El contrato será de un año de duración con opción a prórroga durante cuatro años más, y con esta licitación la Junta pretende garantizar la calidad del servicio público, que por la tipología de Extremadura "es clave para garantizar la igualdad de oportunidades entre los extremeños", ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico el portavoz de la Junta, Juan Antonio González.

   Con ello, la licitación, una vez aprobada este martes en Consejo de Gobierno, saldrá "ya", y está previsto que se adjudique al nuevo concesionario "si todo fuera bien, si no hubiera recursos" en un mes y medio o dos meses, de tal forma que el nuevo servicio podría prestarse "si todo va bien, si no hay recursos" en el mes de septiembre de 2022.

   Además, cuando se produzca la adjudicación de esta nueva licitación ordinaria aprobada este miércoles por la Junta, según ha añadido Juan Antonio González, el actual contrato de emergencia en vigor, y cuya finalización se contempla en enero de 2023, se extinguiría, tal y como se contempla en una cláusula del servicio de emergencia que se presta en la actualidad.

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   Así, el nuevo servicio incluirá la prestación del transporte sanitario urgente y no urgente de pacientes a los que el SES tiene el deber legal y convencional de prestar asistencia y con vehículos especialmente acondicionados para ello, según ha explicado González, quien ha subrayado que "esta licitación va a permitir dotar de calidad al transporte sanitario terrestre" en la región.

   De este modo, esta licitación supone 9 millones de euros más sobre la aprobada hace unos meses para la adjudicación del servicio; e incorpora además una serie de actualizaciones, ya que se ha incorporado en los cálculos lo dictaminado en la sentencia 159/2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el máximo de 1.800 horas anuales que debe hacer un trabajador.

   Se ha incorporado, también, a esta nueva licitación las modificaciones contenidas en el decreto ley 1/2022 de 2 marzo de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica.

   Igualmente, se han calculado en la licitación los costes de la Seguridad Social al 31,65 por ciento y se ha actualizado el coste del combustible.

   Por otra parte, sobre la aplicación en el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario terrestre de la sentencia del Tribunal Supremo que fija en 1.800 horas anuales el máximo que debe hacer un trabajador, en la misma rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha explicado que este fallo "se aplicará a aquella parte de la plantilla que cumpla las condiciones en los términos que la sentencia expresa".

   "No es a toda la plantilla, sino a aquellas personas que realizan funciones en los términos en que se ha establecido así", ha espetado.

   En este sentido, Blanco-Morales ha destacado que este nuevo contrato ya, como otros, incorpora las mejoras en la calidad de la contratación que se viene aprobando en sucesivas modificaciones del régimen de contratación pública, siempre en el marco de la legislación básica del Estado, porque hay que ser conscientes de que "en estas circunstancias la calidad debe primar sobre otras consideraciones", y "siempre bajo la premisa de una contratación eficiente".

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