Creen que la administración "discrimina" a su hija y piden que se le dé una plaza en el aula estable del CP Donoso Cortés
CÁCERES, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los padres de una niña de seis años diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Ana Belén Salas y Francisco Félix Pérez, han pedido que se anule la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del 17 de junio de 2010 "que les obliga" a escolarizar a su hija en el centro de educación especial PROA de Cáceres "sin su consentimiento".
Los padres han explicado en rueda de prensa que Elena está desde el curso 2007/2008 escolarizada en el Colegio Público Francisco de Aldana y que asistía tres veces por semana al aula estable de educación especial que existe en el CP Donoso Cortés, pero al comenzar este curso 2010/2011 les comunicaron que la niña debía ser escolarizada en el centro especial PROA de la capital cacereña.
Los padres se han negado a llevarla a este centro por entender que existen otros que pueden darle a la niña la atención que necesita y favorecer su normalización y, en la medida de lo posible, "fomentar su integración en la sociedad conviviendo con otros niños de su edad", ha asegurado la madre.
"Yo sé que a mi hija no la va a curar nadie pero entiendo que no le han dado la oportunidad que se merece", asevera la madre que cree que "detrás de esta decisión pueden estar algunos padres del colegio Francisco de Aldana que no quieren que Elena esté en clase con sus hijos", ha dicho.
Según ha relatado la madre, el pasado 4 de junio hubo una reunión entre un equipo de orientación educativa y psicopedagógica de la Consejería de Educación y los afectados en la sede de la Dirección Provincial de Educación en el edificio Múltiples de Cáceres donde se les dijo que "sin su consentimiento" la niña no podría ir a PROA, por lo que Ana Belén dice sentirse "engañada" y "defraudada" y por ello ha tomado la decisión de no escolarizar a Elena, que está en casa sin ir al colegio desde que empezó el curso.
ACCIONES LEGALES
Los padres han puesto todo el asunto en manos del abogado cacereño Juan Luis Aparicio que ha iniciado un proceso legal pidiendo la revisión y anulación de la resolución administrativa de la Junta de Extremadura que determina la escolarización de la niña en PROA sin la autorización de los padres, y ha solicitado que se le integre en el aula estable de educación especial del CP Donoso Cortés "los cinco días de la semana".
Aparicio entiende que la administración "está coaccionando" a los padres para que lleven a su hija a un centro que "no consideran apropiado para sus necesidades" y además ha adelantado que se podría estar cometiendo un "posible delito de prevaricación al tomar una decisión a sabiendas que es injusta", además de otro posible delito de "revelación de informes de una menor".
En este último caso, el abogado ha explicado que algunos padres del CP Francisco de Aldana comunicaron a los padres de Elena, en una reunión mantenida en el centro para abordar este tema, que "se les habían mostrado informes psicológicos de la niña" ha dicho el letrado, que ha considerado este hecho "muy grave" por entender que se está atentando contra la intimidad de una menor, ya que esos informes "son secretos".
AGRAVIO COMPARATIVO
Tanto los padres de la niña como el abogado que lleva el caso han criticado también el hecho de que en la provincia de Badajoz existan 17 centros especializados para niños con necesidades educativas especiales, mientras que en la provincia de Cáceres sólo existen dos.
Así, Aparicio ha indicado que en Badajoz hay siete aulas concertadas en colegios públicos para Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y en Cáceres ninguna; en Badajoz hay cinco centros de día para estos niños y en Cáceres ninguno, al igual que hogares o residencias de acogida, que en la provincia de Badajoz hay dos y en la de Cáceres ninguna.
Además, según los datos aportados por el abogado, en la provincia pacense hay tres aulas estables en centros públicos y en la cacereña dos, una en la capital y otra en Plasencia, lo que considera "un agravio" de una provincia respecto de la otra.
Por todo ello, Ana Belén y Francisco han pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que les reciba para exponerles el caso de su hija y llegar a una solución. "Si en quince días no tenemos respuesta administrativa llevaremos el caso al juzgado", concluye el abogado.
