MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PSOE José Luis Viñuela indicó hoy que el proyecto de ley de Prevención y Calidad Ambiental de Extremadura será tramitado en la Asamblea durante el actual periodo de sesiones.
Así lo anunció en rechazo a una Proposición no de Ley a través de la cual el Grupo Popular solicitó al Gobierno regional la presentación durante el actual periodo de sesiones de un proyecto de ley de Prevención Medioambiental de la Comunidad.
Según indicó el pasado día 25 en un acto en Almendralejo el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, la nueva ley contempla tres niveles de exigencia, en concreto, una autorización ambiental integral, más exigente; autorización ambiental simplificada en aquellas industrias para las que no sea necesario reunir la totalidad de requisitos; y una calificación ambiental de tipo menor, siendo esta última concedida por los ayuntamientos respectivos.
Durante el debate de la proposición popular hoy en el Pleno de la Asamblea, Viñuela dijo que el PP utiliza el medio ambiente como "arma arrojadiza" contra el Ejecutivo extremeño, y rechazó las acusaciones vertidas por los populares de que la Junta actúa con "arbitrariedad" en dicha materia.
PROPUESTA DEL PP
El diputado del PP José Antonio Echávarri calificó como "necesaria" la iniciativa de su partido ante el "deterioro aceptado institucionalmente" en materia de protección medioambiental que impera en la Comunidad, y recalcó que la dotación de una ley evitaría la "arbitrariedad" del Ejecutivo "de turno" en dicha materia.
Según explicó, dicha ley debería sustentarse sobre el principio de la "compatibilidad" de la actividad económica y empresarial en la región con la protección medioambiental, y su vocación debería ser la prevención y tutela del medio ambiente.
En este sentido, según la propuesta del PP, la ley regularía las instalaciones, actividades o proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente, e incorporaría mecanismos de inspección y un régimen sancionador que establecería multas de entre 50.001 y dos millones de euros (para las faltas muy graves), de 2.001 a 200.000 euros (para las graves), y de entre 75 y 200.000 euros (para las leves).
En contenido, la normativa debería contemplar -según Echávarri- regímenes de actividades sujetas a autorización autonómica, de actividades sujetas a licencia ambiental al ayuntamiento, o sujetas a presentación de un informe de impacto ambiental.
Así, deberían estar sometidas a la ley todas las actividades, instalaciones o proyectos de titularidad pública o privada susceptibles de ocasionar molestias significativas al medio ambiente, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente, o producir riesgos para las personas y los bienes.
Ello conllevaría, según el PP, que los que promuevan dichas actividades tendrán que cumplir requisitos como prevenir la contaminación; evitar la producción de residuos o reducirlos al mínimo así como gestionarlos; utilizar la energía, el agua y las materias primas de forma racional, eficaz y eficiente; procurar la sustitución de materias potencialmente peligrosas por otras que no lo sean; y adoptar medidas de "perfecto estado ambiental" en caso de cese de la actividad.
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