El PP pide a la Junta que explique en la Asamblea cómo devolverá a las eléctricas el 'impuesto ecológico' anulado por TC

MÉRIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular prepara una serie de iniciativas parlamentarias en las que se incluye una comparecencia ante el pleno del consejero de Industria o del presidente de la Junta para que explique el acuerdo alcanzado con las compañías eléctricas a las que la Administración regional debe ahora abonar 170 millones de euros más intereses, correspondientes al cobro del denominado 'impuesto ecológico', establecido por una ley anulada por el Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa, la secretaria general del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, criticó la "falta de información" de la Junta de Extremadura en este asunto, y comentó que ha sido a través de los medios de comunicación como ha conocido la existencia de un "acuerdo genérico" para la devolución de las cantidades que corresponden a las eléctricas.

En concreto, Teniente se refirió a las palabras pronunciadas el pasado 31 de octubre por el consejero director general de Unión Fenosa, Elías Velasco, tras una entrevista mantenida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la que se abordó la cuestión del citado impuesto ecológico.

La diputada popular recordó que esta tasa fue establecida por una ley aprobada en el parlamento extremeño en 1997, fecha en la que los populares ya advirtieron de su "posible inconstitucionalidad", y que estuvo en vigor entre 1998 y 2005.

Las compañías presentaron recursos contra la norma, y después de un recurso de inconstitucionalidad y varias cuestiones de inconstitucionalidad elevados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en junio de 2006 el TC declaró inconstitucional la Ley 7/1997 de Medidas Fiscales sobre la Producción y el Transporte de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente.

Asimismo, se refirió a sentencias ulteriores del TSJEx que declaraban que el 'impuesto ecológico' estaba fundamentado en una ley nula, por lo que "procede reconocer el derecho a la devolución a las eléctricas de las cantidades ingresadas con los intereses de demora", dijo Teniente citando la sentencia.

Actualmente son muchas las empresas que reclaman la devolución de los importes abonados en concepto del impuesto anulado, entre las que se encuentran, además de Fenosa, otras grandes compañías como Endesa, Telefónica, Retevisión o incluso la ya desaparecida Airtel (luego Vodafone), además de otras firmas de menor entidad.

SILENCIO DE LA JUNTA.

En total, la Junta debe asumir la devolución de 170 millones de euros, además de los intereses de demora producidos desde la anulación del impuesto. Sin embargo, dijo que hasta la fecha la Junta de Extremadura "no ha dicho nada" sobre este asunto, motivo por el que ahora solicita la comparecencia en sede parlamentaria como medio para obtener más datos sobre la cuestión.

Al contrario de la "falta de información" que rodea ahora a este asunto en la Junta de Extremadura, Teniente recordó que en el momento de su aprobación el ejecutivo entonces de Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo una "venta tremendamente populista" de la norma, que consistía en "quitar a los ricos, en este caso las eléctricas, para darlo a los ciudadanos". Y, sin embargo, ahora "somos todos los ciudadanos extremeños los que pagamos a las eléctricas".

En su opinión, la razón por la que el Gobierno extremeño no publicita este asunto es porque "les interesa ocultar la información para que no se sepa que la arbitrariedad, la incompetencia y la irresponsabilidad de la Junta nos obliga ahora a pagar este dineral".

Sobre la actuación del gabinete de Fernández Vara en este asunto, dijo que mantiene "la misma actitud que con Rodríguez Ibarra", que calificó de "falta de transparencia, oscurantismo", es decir, "los vicios de siempre".

Los populares pretenden que la comparecencia en la Asamblea proporcione información sobre los términos en los que se ha suscrito dicho acuerdo, así como la cantidad final a devolver, la forma en que se realizarán los pagos, los plazos previstos y la procedencia de los recursos necesarios.

Además de la solicitud de información, la diputada popular se preguntó hoy quién ha asumido en la Junta de Extremadura la responsabilidad de que ahora haya que realizar la devolución de estos más de 170 millones de euros. "¿Será el señor Amigo?", se preguntó Teniente, quien dijo que el entonces consejero de economía con competencias en esta materia ahora ha sido "premiado", en referencia a su nombramiento como presidente de la Corporación Empresarial de Extremadura (CEX).

POLÍTICA DEL 'MODERNO ROBIN HOOD'

Teniente dijo que el caso del 'impuesto ecológico' no ha sido el único en el que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha su política del "moderno Robin Hood", por la que "quita a los ricos para dárselo a los pobres".

Al respecto, se refirió a cuestiones como las expropiaciones a la Duquesa de Alba, que finalmente costaron a las arcas extremeñas más que el precio establecido por la propietaria, que reclamó la decisión de la Junta.

Otro ejemplo citado es el del impuesto de solares sin edificar, en el que, según Teniente, quienes se pueden permitir un abogado reclaman la norma y dejan de pagar la tasa; o la adjudicación del suministro de gas, en la que la Administración regional "para no dárselo a los ricos, a las fuertes empresas, se crea una empresa extremeña amiga de la Junta, y se declara nula la adjudicación por desviación de poder".