El PSOE propone que el Consejo Consultivo "deje de estar operativo" a final de 2015

Actualizado 23/10/2015 11:54:39 CET
Valentín García
PSOE

   MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Socialista reclama a través de una propuesta de ley que el Consejo Consultivo de Extremadura sea "suprimido de sus funciones", y por tanto "deje de estar operativo" a partir del 31 de diciembre de este año 2015

   Esta propuesta de ley se ha registrado este viernes en la Asamblea de Extremadura, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, en la que ha recordado que la supresión del Consejo Consultivo era un "compromiso electoral" del PSOE en las últimas elecciones autonómicas.

   En su intervención, Valentín García ha recordado que para que este Consejo Consultivo sea suprimido de sus funciones, esta propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura.

   García ha explicado que a través de una ley aprobada por mayoría absoluta, según se recoge en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Consejo Consultivo "no se puede suprimir, pero sí se pueden derogar las funciones" que tiene este órgano.

   Por eso el Grupo Socialista ha presentado esta propuesta de ley para "suprimir la ley de creación del Consejo Consultivo", y por tanto, en caso de que esta propuesta del PSOE salga adelante por mayoría absoluta, una vez "derogada la ley de creación del Consejo Consultivo", este órgano "a partir del 31 de diciembre de 2015 dejará de prestar las funciones que venía prestando".

AHORRO DE 1,2 MILLONES

   Valentín García ha recordado que el presupuesto anual del Consejo Consultivo es de 1,2 millones de euros, del que en caso de que esta propuesta salga adelante, ha calculado que "prácticamente todo ese presupuesto será ahorro, de manera directa o indirecta".

   Una cantidad que a partir de 2016 "podrá destinarse a las cuestiones prioritarias, de necesidades básicas de los ciudadanos".

   Para que esta propuesta pueda ser una realidad, el Grupo Socialista necesita "del apoyo de otro grupos" para aprobar esta ley por mayoría absoluta, y en ese sentido Valentín García ha confiado en que "esta ley pueda ser aprobada por unanimidad".

   En ese caso, el Consejo Consultivo "seguirá estando en el Estatuto de Autonomía", pero "no estará operativo a partir del 31 de diciembre de este año".

    "Si alguna vez, en otras circunstancias políticas y económicas, se quisiera poner en marcha, pues habrá que hacer una ley de creación del Consejo Consultivo", ha explicado el portavoz socialista, quien ha señalado que también este órgano podría "desaparecer definitivamente" si se suprimiera el artículo 45 del Estatuto de Autonomía, en el que se recoge la existencia de este órgano.

   En definitiva, lo que el Grupo Socialista busca con esta propuesta de ley es que "a partir del 31 de diciembre deja de existir el Consejo Consultivo de Extremadura como hoy lo conocemos", y por tanto, se quedaría solamente "como una posibilidad de tenerlo" en el Estatuto de Autonomía.

FUNCIONES Y EMPLEADOS

   En el caso de que esta propuesta sea aprobada por mayoría absoluta, Valentín García ha aclarado que los empleados públicos que tiene el Consejo Consultivo "no verán mermados sus derechos ni sus posibilidades", sino que pasarían a la Administración General de la Comunidad Autónoma, o a la Asamblea de Extremadura.

   Respecto al trabajo que ahora realiza el Consejo Consultivo, el portavoz socialista ha explicado que "sus funciones las puede hacer el Consejo de Estado", para lo cual la Junta de Extremadura tendría que firmar un convenio con este órgano.

   Valentín García ha recordado que el Gobierno anterior del PP, a través de la Ley de Función Pública incorporó al Consejo Consultivo el Tribunal de los Contratos administrativos y las reclamaciones patrimoniales, una función que, en el caso de que la iniciativa del PSOE salga adelante, sería "ejecutada por un jurado de los recursos contractuales".

   Un jurado "de naturaleza administrativa", compuesto por funcionarios, y que se encargará de las reclamaciones patrimoniales, ha explicado García, que ha señalado que de esta forma se busca que "los ciudadanos puedan seguir teniendo una oficina para sus reclamaciones patrimoniales sin tener que ir a la vía judicial".

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