MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que se sitúa en la "expectativa" de que se presenten ofertas y se pueda adjudicar el servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura, pero ha añadido que, hasta en tanto eso sea así, al ser un servicio esencial que hay que asegurar, se ha procedido a seguir una fórmula contractual que es "perfectamente legal", y que es el contrato de emergencia.
De igual forma, Vergeles ha reconocido que sería "más fácil" que concurrieran a esta licitación un mayor número de empresas si se estableciera un importe de 300 o 500 millones, pero ha considerado que esa tesis se la pueden permitir quienes no están gobernando.
"Pero los que estamos gobernando tenemos que pensar también en el coste-oportunidad. Y pensar en el coste-oportunidad es decidir hasta cuánto nos puede costar el servicio de transporte sanitario y a partir de ahí proporcionar elementos de gestión para que sea verdaderamente transporte sanitario, por lo tanto ya les anuncio que habrá una batería de medidas para adelgazar el transporte programado, que no es sanitario", ha aseverado.
En este sentido, Vergeles ha indicado que "quien quiera más" tendrá que decir de "donde lo quitamos de asistencia sanitaria", ya que los recursos no son infinitos y a la gente "hay que hablarle con claridad".
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia este jueves, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre la situación del proceso de contratación del servicio de transporte sanitario terrestre.
SITUACIÓN "SUFICIENTEMENTE PÚBLICA"
En su intervención, Vergeles ha recalcado que la situación actual del transporte sanitario terrestre en Extremadura es lo "suficientemente publica" como para que se conozca cuál es la realidad de este servicio en estos momentos.
Así, ha recordado que el contrato fue licitado por 154 millones de euros y, antes de adjudicarse e incluso antes de que finalizase el plazo de presentación, la comisión jurídica emitió un dictamen sobre ocho recursos presentados, de los que tres eran de asociaciones de empresarios, dos de empresas particulares y tres de sindicatos.
Las asociaciones de empresas recurrieron por la memoria económica, por el desglose de costes, por los costes de Seguridad Social, por la subrogación de vehículos, por los criterios de adjudicación, por el beneficio industrial, por la autorización y por el coste de vehículos, por el traslado de personal sanitario y por el precio de mercado.
Por su parte, las dos empresas, además de algunas cuestiones citadas anteriormente, alegaron que los vehículos de reserva tuvieran una asignación permanente como tal, por inconcreción del objeto de contrato y por los costes de formación.
Mientras que las organizaciones sindicales sobre subrogación de personal, costes, precios, protección de la salud, cálculo de las jornadas, horas extra, permisos remunerados, trabajo nocturno y sobre el convenio.
De esta forma, la comisión jurídica emitió un dictamen el pasado mes de noviembre con una estimación parcial de algunos de los recursos, por lo que desestimó el resto, como que hubiera habido error en la determinación de los costes laborales, en la memoria justificativa, en la determinación de los gastos y el precio industrial.
También desestimó que hubiera "irregularidades" o aspectos "oscuros" en la información de trabajadores y que faltase información en el número de servicios o kilometraje.
Por ello, tras este informe, la Junta decide respetar el criterio de la comisión jurídica y volvió a convocar el concurso con los cambios propuestos, aunque se ha mantenido el precio, porque nadie ha dicho que estuviera "mal calculado".
Entre otras cosas, ha dicho, porque este contrato supone un incremento "muy sustancial" en el precio con respecto a contratos anteriores, además de reseñar que la Junta ha asumido la central de llamadas, que es alrededor de 2 millones de euros, ha apuntado.
OPINIÓN DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han coincidido en los problemas que viene arrastrando este servicio y en el tiempo que ha transcurrido sin pasar por proceso alguno de licitación un servicio que es considerado esencial.
De este modo, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías se ha referido a la situación "conflictiva" que se vive en el transporte sanitario terrestre, que afecta a la calidad del servicio y a las condiciones laborales de los trabajadores, con sueldos de poco más de 1.000 euros, lo que hace que tengan que trabajar más horas, un hecho que repercute en la calidad y en la seguridad de dicho servicio, a lo ha añadido que el convenio colectivo está congelado desde 2017.
En esta línea, ha vuelto a reclamar la internalización del servicio de transporte sanitario por carretera, porque ha considerado que algunos servicios deberían ser exclusivamente públicos y ha dicho que agradecería un "poco de nervio socialdemócrata" por parte del PSOE de Extremadura.
También ha invitado Macías a ver cuántas empresas van a participar en este concurso, porque, como ha indicado, le da la impresión de que "al final no va a quedar más remedio" que internalizar el servicio porque el sector "no está por la labor de entrar en estas condiciones".
Por su parte, el diputado de Cs, José María Casares, ha considerado que nadie está contento con estos pliegos, aunque se haya ampliado el importe de licitación, además de lamentar que no se genera "confianza ni atracción" hacia este proceso.
Así, ha reconocido que existe interés por presentarse a este oferta pública, pero la misma "no es atrayente" por el hecho de que la oferta económica o "no cubre los costes reales ni deja margen para el beneficio mínimo empresarial o porque los pliegos introducen unas condiciones de servicio difíciles de cumplir".
De igual forma, ha indicado que la "gran incógnita" es cómo se va a realizar la internalización del centro coordinador, que afecta a 50 trabajadores y que están "en cuerda floja", porque la administración no tiene obligación de subrogarlos.
En el turno del PP, la diputada Elena Nevado ha pedido al consejero Vergeles que abandone la senda por la que está transitando, ya que, en el caso del transporte sanitario, tiene "enfadados" a los sindicatos y a las empresas y es la "historia de un fracaso".
De igual forma, Nevado ha preguntado si se va a estar "permanentemente en situación de emergencia" en relación a este contrato y ha reclamado una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, que no han dejado de clamar que se les escuche, ha dicho.
Además, la 'popular' se ha interesado por si este nuevo concurso suscitará nuevos despidos, al tiempo que ha reclamado al vicepresidente segundo que dé "claridad" a la licitación y "certidumbres" a las empresas.
Finalmente, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha agradecido a los hombres y mujeres que trabajan en este servicio, que hacen posible que los ciudadanos reciban la "mejor atención posible", además de considerar que esta comparecencia es "procedimental" y se podría haber sustanciado con una pregunta.
También ha aseverado que ha quedado demostrado que se había acertado con el precio, lo que supone que con el importe recogido en la licitación las adjudicatarias podrán cumplir con las necesidades del convenio y la prestación del servicio.
Por ello, ha considerado que es evidente que la Junta ha cumplido "sobradamente" con el transporte sanitario terrestre y ha dado un "salto de calidad", ya que dicho servicio dista mucho del que se encontró el PSOE en 2015 cuando regresó al Ejecutivo regional, además de lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que la prestación del servicio está "garantizada"
