SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, explicó hoy que el anteproyecto de la ley gallega integral contra la violencia de género, que está previsto que entre en el Parlamento de Galicia en noviembre, recoge el "deber moral" de cualquier persona a comunicar posibles casos de maltrato o agresión, aunque siempre que no suponga un riesgo para la víctima y previo consentimiento de la mujer.
A preguntas de los periodistas, Adán indicó hoy, en Santiago, que esta medida supondrá "un avance", ya que la violencia de género "está oculta". Advirtió de que este deber de comunicación de una situación de violencia de género puede entenderse como "una obligación" para los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, mientras que lo enmarcó en "un deber moral" en el caso de los vecinos y otras personas próximas a las víctimas.
También puntualizó que cualquier comunicación debe contar "con el previo consentimiento de la víctima" antes de poder ser puesta en conocimiento del personal sanitario, de las administraciones públicas o de otros departamentos directamente implicados en la lucha contra la violencia de género.
CON CONSENTIMIENTO PREVIO
En el anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, esta cuestión se recoge en el Artículo 26 del Capítulo III, sobre Detección de situación de violencia o riesgo de la misma. En el mismo, se establece que "cualquier persona, especialmente las y los profesionales de la salud, de los servicios sociales y de educación, deberán comunicar --las situaciones de violencia o de riesgo-- de forma inmedita a los servicios municipales o autonómicos competentes".
No obstante, este "deber" se entiende "siempre y cuando dicha comunicación no suponga un riesgo para la vida y la integridad física de la mujer, y con el consentimiento de esta", de acuerdo con la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal. También se establece que "deberán ofrecer a las mujeres información sobre los recursos disponibles y apoyo en su situación".
El texto de la futura ley también establece que, "con el consentimiento de las mujeres", los responsables de las empresas, representantes de los trabajadores y trabajadas en organizaciones sindicales "deberán comunicar" a la Administración competente la existencia de "situaciones acreditativas de violencia contra las mujeres, especialmente en los casos de acoso sexual y acoso por razón de género".
Asimismo, el Artículo 27 establece que los contratos y/o convenios que las Administraciones Públicas gallegas suscriban con entidades privadas que presten servicios en los ámbitos sanitarios, educativo y de los servicios sociales, deben recoger expresamente "la obligación de comunicación" contenida en el punto anterior, así como consignar como causa de resolución de los mismos su incumplimiento.
