Estatuto.- El fiscal del TSXG restringe el deber de conocer el gallego a los funcionarios que atiendan al público

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, aseguró hoy que el deber de conocer la lengua gallega puede ser considerado "como un requisito de acceso a la función pública" para ocupar aquellos puestos de trabajo en los que exista una interlocución directa con los usuarios de la justicia.

En su comparecencia ante la comisión que estudia la reforma del Estatuto gallego, Varela explicó que esta capacitación lingüística debe exigirse a aquellos funcionarios que realicen labores de información al público, recepción y registro de documentos, recogida de declaraciones, actividad de gestión que implique contacto frecuente y próximo con los usuarios, así como aquellas actividades en las que el conocimiento de la lengua sea un factor relevante.

Por ello, concluyó que el establecimiento en el nuevo Estatuto de un deber de conocer el gallego tendría "carácter indicativo para los ciudadanos" y sólo crearía obligaciones para las administraciones públicas y aquellos funcionarios que tuvieran que atenderlos en la lengua propia exigida por ellos.

Por el contrario, explicó que la cooficialidad "no sufre ninguna disminución" cuando el funcionario que no domina la lengua autonómica "ocupa destinos en los que únicamente se desarrollan tareas hacia el interior de la organización", para cuyo acceso a la función pública "se podría evaluar como mérito" el conocimiento del gallego.

El fiscal jefe del TSXG indicó que la legislación actual no recoge el deber individualizado de conocer el gallego, aunque añadió que se sobreentiende que la administración en general tiene el deber de ofrecer ese servicio y garantizar el derecho de los ciudadanos a emplear su lengua propia.

EXIGENCIA A JUECES Y FISCALES

Asimismo, Varela apuntó que a los jueces no se les puede exigir el deber individualizado de conocer el gallego, al menos "mientras esa obligación no se establezca en la normativa interna propia", que en este caso es la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Del mismo modo, avanzó que el proyecto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que tendrán preferencia los fiscales que acrediten el conocimiento de la lengua propia de la comunidad, pero no será obligatorio. Asimismo, se evaluará también como mérito preferente el conocimiento del gallego para el nombramiento del fiscal jefe del TSXG.

IMPLICACIÓN DE TODOS

Carlos Varela reconoció que practica el gallego en su actividad "desde hace muchos años" y explicó que "no es algo que entorpezca el desarrollo de la justicia". De todas formas, explicó que con la actual legislación no puede considerarse obligatorio el deber de conocer el gallego y habría que reformar las leyes que rigen la justicia.

Habría que tocar la normativa orgánica propia --Ley Orgánica del Poder Judicial y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal--, explicó, porque de lo contrario, aunque figurase en el Estatuto, "no tendría efectos en el ámbito de la justicia".

De todas formas, el fiscal jefe del TSXG advirtió de que el uso del gallego "no depende únicamente de las oficinas judiciales" y consideró que para lograr una auténtica normalización lingüística es necesaria "la implicación activa" de abogados, procuradores y el resto de profesionales que desarrollan su labor en el mundo del derecho.

NOMBRAMIENTO INNEGOCIABLE

Carlos Varela avanzó además algunos aspectos del proyecto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que será el Gobierno el que nombre al fiscal superior de la comunidad autónoma, a propuesta del fiscal general del Estado. En ese aspecto, consideró muy difícil que se acepte la propuesta de que sea el Parlamento gallego el que elija por dos tercios al fiscal jefe autonómico, ya que creyó que "ese punto es innegociable".

Respecto a la creación de los Consejos de Justicia autonómicos, destacó que "potenciarán las competencias de las salas de gobierno con juristas de reconocida competencia" y advirtió de que es necesario que no se reproduzca "el sistema de cuotas partidistas como en el Consejo de Estado".

Finalmente, valoró que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pase a tener "función de segunda instancia" tras las decisiones de las audiencias provinciales y hará además funciones de casación en el derecho propio de Galicia, realizando "unificación de doctrina".

ONG's

También compareció ante la Comisión de reforma del Estatuto el presidente de la Coordinadora Galega de ONG's para o Desenvolvemento, Xosé María Torres Bouza, quien pidió que el nuevo texto recoja "el compromiso financiero de Galicia" con la cooperación internacional y colocó como objetivo lograr dedicar el 0,7% del presupuesto autonómico a este fin a partir del año 2015.

Además, consideró necesario que el preámbulo incluya un reconocimiento a los gallegos que trabajaron para lograr la paz mundial y solicitó que la Xunta promueva el acceso a la ciudadanía española a aquellos inmigrantes que lleven más de cinco años con residencia legal en Galicia y que conozcan una de las lenguas oficiales o tengan al menos voluntad de hacerlo.