SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Vivenda propone simplificar la tramitación para que una vivienda libre de nueva construcción pueda ser calificada como protegida -siempre y cuando cumpla los requisitos de precio y superficie- y que comprador, tras ese cambio, pueda acceder a todas las ayudas públicas a las que tuviese derecho en función de su nivel de renta y circunstancias particulares.
En este momento, con el Plan de Vivenda 2005-2008 en vigor, un inmueble libre de nueva construcción puede se calificada como protegida una vez transcurridos dos años desde la obtención de la licencia de primera ocupación.
La modificación propuesta por la consellería implica reducir ese plazo a la mitad, de manera que pasado un año desde que lograr la licencia de primera ocupación pueda pasar a ser protegida, siempre que cumpla los requisitos para ello.
El departamento autonómico dirigido por Teresa Táboas ya remitió esta propuesta al Ministerio de Vivienda, en un escrito en el que argumenta que existen numerosos inmuebles vacíos pese a estar en zonas "donde no existe suficiente oferta de vivienda protegida de nueva construcción al no existir en las legislaturas anteriores una planificación de suelo para inmuebles protegidos".
Vivenda entiende que esta media permitiría la conversión de vivienda libre en protegida con más agilidad y ponerlas a disposición de los demandantes de vivienda a precio tasado, con las ventajas que conllevan.
SUPRIMIR LIMITE EN UNIFAMILIAR.
En la línea de facilitar la percepción de ayudas a las rentas con más dificultades, la consellería plantea suprimir el límite de superficie para las viviendas unifamiliares promovidas en el medio rural para uso propio, que el Plan de Vivenda 2005-2008 fija en 120 metros cuadrados.
La modificación propuesta es que cualquier promotor de vivienda para uso propio en ayuntamientos de hasta 2.000 habitantes pueden calificar como protegida su vivienda, con independencia de la superficie de la misma, aunque a la hora de las ayudas los cómputos se harían como para una casa de 120 metros cuadrados de dimensión máxima.
Vivenda considera que este cambio es necesario dadas las características de las viviendas unifamiliares que se promueven en los municipios rurales de Galicia, que casi siempre superan los 120 metros cuadrados, máximo fijado para poder calificarla como protegida una unidad familiar numerosa y de 90 para el resto de unidades convivenciales. Apuntó que esto impedía a muchos demandantes recibir ayudas públicas aunque cumpliesen los restantes requisitos, en particular el nivel de renta.
El texto remitido al ministerio incluye una tercera modificación que afecta a la rehabilitación de viviendas, edificios y locales, pues también se solicita la supresión del límite de superficie computable para el presupuesto de rehabilitación protegible.
El departamento autonómico señala que estos cambios tienen como finalidad favorecer la conversión de vivienda libre de nueva construcción y usada a vivienda protegida y facilitar la rehabilitación de los inmuebles con independencia de la superficie de los mismos, con posibilidad de ayudas públicas.