Rural.- (AV) La Xunta forzará a explotar, arrendar o ceder al Banco de Terras fincas abandonadas bajo riesgo de multas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley gallega de estructura agraria facilitará al Gobierno autonómico analizar la situación de fincas y de perímetros que se encuentren en una situación de abandono en la comunidad y proponer "de oficio" a sus propietarios que pongan a producir el predio, que arrienden la tierra o que cedan su uso al Banco de Terras. No dar ninguno de estos pasos, supondría una sanción para el propietario.

Lo han explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en relación a una normativa que aspira a sustituir la actual concentración parcelaria por el nuevo concepto de "reestructuración parcelaria", así como a simplificar la tramitación de estos procesos y reducir costes y plazos.

Quintana ha incidido en que el plazo actual para una concentración parcelaria puede oscilar "entre los 10 y los 20 años" y que el objetivo es que se pueda concluir "en no más de cinco". Además, al igual que Feijóo, ha incidido en la relevancia de proponer de oficio que las tierras en situación de abandono puedan incorporarse --sin que haya variaciones en la propiedad-- en el Banco de Terras para facilitar que "puedan producir".

También ha remarcado la importancia de calificar los perímetros de predios que pueden estar abandonados y en los que se puede registrar riesgo de incendios. El objetivo es favorecer el desarrollo del rural y evitar el abandono de las propiedades que, entre otras consecuencias, se traduce en un mayor peligro de fuegos forestales.

Si los propietarios de las fincas en esta situación no acceden a ninguna de las tres vías que propone la Xunta --la explotación, el arrendamiento a terceros o la cesión del uso al Banco de Terras--, Quintana ha explicado que se contempla un régimen sancionador, ya plasmado en la ley de movilidad de tierras, y que abarca multas de entre 300 y 3.000 euros.

El texto analizado por el Consello de la Xunta se someterá ahora a consulta con el sector en busca del "máximo consenso", según han ratificado tanto el presidente como la titular de Medio Rural al término de la reunión semanal del Ejecutivo.