Presentará sus alegaciones al decreto sobre contratos homologados antes del viernes, mientras que la Xunta ya envió las suyas al MARM
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Interprofesional Láctea (Inlac) propondrá al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) mejorar el borrador del decreto sobre contratos homologados mediante la creación de una figura de arbitraje para aquellos casos en los que no haya acuerdo entre industrias y productores.
Si esta situación de conflicto entre las partes se da antes de firmar el contrato, sería la Administración la encargada de actuar como organismo de mediación "inmediata"; mientras que si el desacuerdo se produce cuando ya existe una relación contractual, la Inlac debería ser la que actuase para dirimir diferencias.
Así lo han acordado las organizaciones miembro de la Inlac --Asaja, COAG, UPA y Fenil-- en una reunión en la que han abordado las alegaciones que presentarán entre este jueves y el viernes al ministerio y que se ha prolongado durante cuatro horas.
Al respecto, el presidente de la Interprofesional, Román Santalla, ha destacado en declaraciones a Europa Press que se ha llegado a conclusiones "buenas e importantes" y que ha habido "más puntos de unión que de desacuerdo".
Entre las cuestiones que figurarán en el texto que redactarán en la jornada del jueves, se encuentra la necesidad de que la utilización de contratos homologados sea obligatoria --como ya prevé el decreto-- y la de que dichos textos establezcan volúmenes de recogida de leche, un mínimo de una campaña de duración y un sistema de actualización de precios.
A parte de esto, solicitan que el contrato tenga "un modelo único" que salga de la propia Inlac, porque "de lo que se trata es de unificar lo máximo posible los criterios", ha subrayado Santalla.
En lo que se refiere a las organizaciones de productores, ha explicado que "hay acuerdo" en que pueden tener capacidad de gestión de la oferta y de la demanda --eso sí, previo acuerdo de la Inlac-- y en que "vertebrarán al sector", pero las posiciones difieren en cuanto a los volúmenes que podrán manejar y las cooperativas proponen que realicen ellas mismas la comercialización efectiva.
REIVINDICACIONES PARTICULARES
Respecto a las reivindicaciones particulares de cada grupo, el documento de la Inlac las dejará a un lado para que cada colectivo las presente al MARM por separado.
Así, UPA incide en la búsqueda de soluciones a los bajos precios de la leche durante el periodo transitorio de seis meses que establece el decreto antes de que los contratos se generalicen, tal y como ha señalado a Europa Press el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García.
Por su parte, Asaja recela de la función de las organizaciones de productores, aunque asume que, "siempre y cuando cumplan" con unas tareas prefijadas, pueden tener cabida en el sector, ha indicado Francisco Bello, por parte de Xóvenes Agricultores.
Las cooperativas, por último, insisten en reivindicar un "precio mínimo de partida", un valor "suelo", que no único, como ha subrayado la secretaria xeral de Sindicato Labrego Galego, Carme Freire.
PROPUESTA DE LA XUNTA
Así las cosas, y ante el final del plazo para presentar alegaciones el próximo viernes, la Consellería de Medio Rural ya envió su propuesta al MARM, tal y como ha informado en un comunicado.
En ella, califica de "fundamental" dotar de eficacia al sistema mediante el establecimiento de "un mecanismo de vigilancia" desde el primer momento.
El departamento autonómico también urge una ley en la que se tipifiquen infracciones y las correspondientes sanciones, además de recomendar mejoras "técnicas" y apostar por unas organizaciones de productores "fuertes" y con un volumen "suficiente para negociar".
Que se vigilen de forma "eficaz" los índices que aplican las industrias a los precios de la leche y que se refuerce el papel de la Inlac son otras de las alegaciones de la Xunta al borrador del decreto ministerial.
Por último, la consellería aboga por establecer "una base de cautela" con respecto a la autoridad de la competencia, "que está aplicando de forma muy restrictiva la normativa en el sector primario".
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