Constata que las industrias aplicaron una rebaja "lo suficientemente grave" en junio y demanda la mediación de Xunta y Gobierno
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) - El Sindicato Labrego Galego (SLG) convocó una movilización el próximo 7 de agosto en Lugo para exigir a las administraciones gallega y central la inclusión de un precio mínimo base en los contratos homologados que se firmen en Galicia con los productores lácteos o de lo contrario, amenazan con emprender nuevas protestas.
La organización agraria demanda la "implicación" de los dos ejecutivos para que el importe que percibe el ganadero cubra el incremento de los costes de producción y frene "la constante caída" en la cotización de este alimento durante el primer semestre del año, según señalaron hoy en Santiago la secretaria general del SLG, Carme Freire, y un miembro de su ejecutiva, Mariano Pazos.
Ambos demandan a los gobiernos autonómico y central que "no se inhiban" ante esta crisis del sector agroganadero, dejen de "vender humo" y establezcan la fijación de un precio mínimo base de 0,42 euros por litro de leche en todos los contratos homologados que firmen los ganaderos gallegos con las industrias lácteas, con independencia de que suscriban el modelo autonómico o el estatal. La protesta de la próxima semana se celebrará en Lugo ante la Subdelegación del Gobierno, la delegación provincial de la Consellería de Medio Rural y la industria láctea Pascual, cuyo presidente, Tomás Pascual, es el máximo responsable de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil).
"ALIANZA" DE GOBIERNO E INDUSTRIA
El SLG pretende presionar así a las firmas lecheras y a las dos administraciones, al considerar que tanto Medio Rural como el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se han "aliado descaradamente" con las industrias lácteas. Freire y Pazos condenaron que ambos departamentos no incluyeran en los dos tipos de contrato homologado un importe de referencia que impida "consolidar" por escrito una bajada de precios en origen.
La falta de un precio mínimo provoca, a juicio de este sindicato, el mantenimiento de la "discriminación" entre los productores gallegos, dado que las industrias lácteas, según Pazos, "priman" a los ganaderos con los mayores volúmenes de materia prima y establecen diferentes precios en función del área geográfica de la que se trate.
Las firmas lácteas aprovecharán, según auguró la secretaria general del SLG, para fijar una cotización más baja en esos contratos para que la habitual revalorización de la materia prima en otoño les resulte "más barata". De igual modo, Pazos confirmó que algunas firmas lácteas ya han comunicado a sus ganaderos rebajas "lo suficientemente graves" en la leche entregada en junio pero que se está cobrando estos días, dado que cobran a mes vencido, a partir de la segunda quincena de haber vendido su producto.
SIN CONTRATOS
Los dos responsables del SLG trasladaron su satisfacción al constatar que los ganaderos gallegos no están firmando contratos homologados, una realidad que la organización agraria confirmó durante los últimos quince días en las charlas informativas impulsadas para evitar que los productores suscriban este tipo de documentos.
Esta organización, la única que no respaldó la aprobación el 22 de mayo del modelo de contrato gallego, explicó que prefiere que no se firmen a que "se amarre al ganadero con precios a la baja". Además de exigir un precio mínimo base de 0,42 euros, reivindican una negociación colectiva y no individual entre productores, a través de los sindicatos agrarios, y las firmas lácteas. También reclaman la convocatoria "inmediata" de una mesa de negociación para abordar la crisis que padece los produtores.
Los dos representantes del SLG cargaron además contra el actual Ejecutivo autonómico, tras reconocer el "incumplimiento" de sus "expectativas" ante el cambio de Gobierno, "una frustración" que llevó a Pazos a afirmar que "posiblemente tiempos pasados fueron mejores". A este respecto, añadió que las referencias del conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, a la comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de los contratos en Galicia son un "cachondeo" y un "esperpento", al considerar que sin un precio base falta un necesario "punto de partida".
Por otra parte, Carme Freire atribuyó los despidos efectuados en la propia organización agraria a la convicción de su dirección nacional y su ejecutiva de que los trabajadores deben adoptar los acuerdos y directrices consensuados por estos dos órganos. Y añadió que los que "quieran" trabajar "para la Consellería de Medio Rural" deberán recibir un sueldo de este departamento.
