O hay una actuación "inmediata" o la pérdida de empleo es inminente, "porque hay explotaciones muy endeudadas", avisa Roberto García
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) acusa a la Xunta de anunciar ayudas que "ni técnica ni jurídicamente" podrán recibir los ganaderos y agricultores gallegos, en relación al adelanto de pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) en forma de créditos cuyos intereses financiará el Gobierno gallego.
El secretario xeral de la organización sindical, Roberto García, advierte en una entrevista a RNE que recoge Europa Press que esta medida es un "engaño" y un "placebo" para la opinión pública, pues el sector "no las va a poder recibir".
"Ya se hizo en 2009 y 2010 y apenas un 10% de los afectados pudieron recibirlas", asegura el líder del sindicato y añade que, de hecho, las entidades financieras solo las concedieron entonces a explotaciones que presentaban solvencia y que, por tanto, las precisaban menos.
Y es que "aunque la Xunta pudiese obligar" a los bancos a anticipar los pagos en forma de créditos a todos los ganaderos --"legalmente no puede", subraya García--, Bruselas "prohibiría" a continuación esta operación, pues "superaría" la cuantía máxima de las ayudas denominadas 'de minimis' --que conceden los propios Estados--.
De esta forma, García censura que la Xunta "está anunciando unas ayudas que ni técnica ni jurídicamente" va a percibir el sector. "No deja de ser un mensaje a la opinión pública para manifestar que hay un problema y están preocupados", constata.
AUMENTAR EL PRECIO QUE RECIBE EL GANADERO
En este panorama, UU.AA. apuesta por "trasladar el encarecimiento" de los costes de producción --agravado por la sequía-- al precio del producto e insta al Gobierno gallego a reunir a la industria.
De hecho, esta vía "será mucho más viable y ágil que cualquier otra" que pase por la entrega de ayudas directas en un escenario presupuestario restrictivo, entiende García, pero, a renglón seguido, lamenta que no existe "ningún tipo de interlocución" con la Administración autonómica para tratar esta cuestión.
Además, incide en que en una "economía de mercado normal, tendría que haber un servicio de defensa de la competencia y control contra el fraude que estuviera actuando", porque en Galicia "no está actuando el libre mercado" cuando se incrementa el coste de la producción pero baja el precio del producto. O hay una actuación "inmediata" o la pérdida de puestos de trabajo es inminente, "porque hay explotaciones muy endeudadas", avisa García.
"COMO EL BURRO DEL GITANO"
En esta línea, insiste en calificar de "escandaloso" que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) "no ejecutase la mitad del presupuesto" pero exista el riesgo de destrucción de empleo en el medio rural porque no habilita una línea de créditos blandos para la adquisición de forraje.
"No pueden decir que la solución sea adelantar ayudas de la PAC. Eso es como el burro del gitano: cuando lo acostumbremos a llevar un mes sin comer, va y muere", sentencia.
CONTRATOS HOMOLOGADOS
De todas formas, Roberto García celebra que el sector esté "más cerca que nunca de que sea obligatoria" la firma de un contrato homologado que fije el precio del producto para todo el año, aunque "se están aplazando las decisiones". En septiembre u octubre, ha dicho, España estará "en condiciones" de utilizarlos.
"Pero eso no resuelve el problema, porque no implica que el precio sea rentable para el ganadero. Lo que falta por normalizar es la determinación de precios con sistemas objetivos", ha finalizado, antes de poner como ejemplo en este campo el comportamiento del Gobierno francés.
SECTOR EÓLICO Y RED NATURA
Por otra parte, Roberto García también se ha referido a la situación del sector eólico, apartado en el que reprocha la "ineficacia" en la aplicación de los planes asociados del concurso de 2009 --que, según augura, "no se van a aplicar"-- y el sistema de expropiación de terrenos, que no genera empleo ni repercute en ingresos para los propietarios.
En lo que respecta al proyecto de ampliación de la Red Natura 2000, el responsable de la central agraria reprueba la "discrecionalidad" para determinar usos y el "ocultismo con el que se está haciendo", cuando afecta a más de 1.500 hectáreas y numerosos dueños de explotaciones agroganaderas.
