SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Agricultura de Unións Agrarias (UU AA), José Ramón González, exigió hoy a la Xunta que "no dé ayudas" a las bodegas que compren uva amparada a un precio que no cubre los costes de producción y denunció que algunas llegaron a adquirir a 0,15 euros el kilo cuando después el consumidor compra la botella a un mínimo de 4 ó 5 euros.
González indicó que los costes de producción en la Denominación de Origen Valdeorras son de entre 0,25 y 0,3 euros por kilo, mientras que en la del Ribeiro se elevan a 0,4, por lo que criticó que las bodegas -que en conjunto reciben 32 millones de euros de ayudas- estén en disposición de comprar uva por debajo de estos precios.
Además, recordó que entre las cinco denominaciones (Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei) se contabilizaron 62,6 millones de kilos y que la producción sólo creció en Rías Baixas, por lo que "no puede decir el sector industrial gallego que no tiene capacidad para recoger toda la uva".
Así, este sindicato se mostró muy crítico con lo sucedido en la vendimia que acaba de terminar y dijo que "hay que ponerse a trabajar en la reestructuración del sector industrial, pero dirigiendo y condicionando las ayudas públicas".
UU AA recordó que se pusieron como condición para esta vendimia que se garantizase la recogida de la uva amparada -y sólo se consiguió en Ribeira Sacra- y que no se pagasen precios por debajo del coste. Este sindicato defiende un precio por kilo no inferior a entre 0,5 y 0,6 euros para variedades autorizadas y de 1 euro para las preferente.
ELECCIONES
Por otra parte, el secretario de Agricultura reclamó "transparencia" en los Consellos Reguladores y aseguró que más de un año después del cambio de gobierno en la Xunta "se mantenga cuatro de los cinco presidentes puestos por la anterior administración".
Así, solicitó la convocatoria de procesos electorales en los consellos y que en Galicia "coexistan" los modelos de bodegas con viñedos propios y de viticultores sin bodega, porque estos últimos fijan población rural en Valdeorras, Monterrei y Ribeiro y su abandono condenaría al sector vitícola.