Rural.- La Xunta ve "absolutamente normalizado" el servicio del 012, que tramitó 200.000 permisos de quemas hasta abril

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, consideró hoy "absolutamente normalizado" el servicio de atención telefónica que hasta el 31 de marzo prestaba el Centro de Información ao Agro Galego (CIAG) y que ahora presta una empresa privada a través del 012.

En respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Medio Rural del BNG, Tareixa Paz, sobre los motivos de la privatización del CIAG, que dependía de Servizos Agrarios Galegos (Seaga), el titular de Montes aseguró que su departamento apostó por "agrupar" distintos teléfonos en uno único para "simplificar" y "facilitar" la atención a los ciudadanos.

"Independientemente de inevitables situaciones de ajuste y traspaso --afirmó en relación al cambio para la prestación del servicio por parte de la empresa GSS--, está funcionando razonablemente", insistió.

Como ejemplo, señaló que grado de atención a las llamadas recibidas entre el 26 y 30 de abril osciló entre el 75 y 100 por ciento, mientras que el resto de las registradas entre el 26 de abril y 4 de mayo se situaron entre el 97 y el 100 por ciento.

El titular de Montes descartó la existencia de dificultades para atender permisos de quemas de restos agrícolas y forestales al destacar que, hasta abril, las comunicaciones recabadas este año superaron las 200.000. "Dos terceras partes del número total de llamadas atendidas en 2009", precisó, después de apuntar que en 2009 las peticiones contabilizadas hasta finales del cuarto mes del año fueron 311.742.

"EUFEMISMOS"

La diputada nacionalista reprochó al director xeral la capacidad de Medio Rural para "inventarse eufemismos". "Creo que la capacidad de los gallegos, aparte de para hablar más de una lengua, da para memorizar más de un teléfono", criticó.

Así, preguntó a Fernández-Couto cuánto pagará la consellería a GSS para prestar un servicio que realizaba Seaga, si recibirán una contraprestación por el software y material que utilizaba la empresa pública y por la situación de los 20 trabajadores del CIAG.