El 15% del presupuesto de las diputaciones se destinará a financiar obras y servicios de competencia municipal

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El proyecto de la nueva ley de administración local de Galicia ha recibido este lunes luz verde del Gobierno autonómico y ahora será remitido al Parlamento para que continúe su tramitación. Lo hará tras su paso por un periodo de alegaciones que le ha permitido incorporar alguna novedad en cuestiones de financiación, entre otras.

   Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a raíz de las alegaciones, e igual que se blindaba el porcentaje de participación de los ayuntamientos en el Fondo de Cooperación Local (FCL), también se regula esta cuestión para las diputaciones.

   En este sentido, el presidente ha explicado que el 15% del presupuesto de las diputaciones, como mínimo, deberá destinarse a financiar obras y servicios de competencia municipal.

   "Aumentamos la financiación incondicionada que era algo que demandaban los ayuntamientos a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) de forma reiterada", ha remarcado el jefe del Ejecutivo con el foco en el Fondo de Cooperación Local.

   Por una parte, se fijan fondos incondicionados, destinados a aportar a los ayuntamientos "recursos que pueden destinarse libremente a la financiación de sus competencias y necesidades". Representan casi el 89% del total del FCL, por lo que casi nueve de cada diez euros tendrán carácter incondicionado y se incrementarán en 20 millones de euros respecto del modelo actual.

   Además, la cantidad mínima anual para todos los municipios por costes fijos será de 100.000 euros. Su distribución tendrá en cuenta variables que permiten adaptar el reparto a la realidad de cada municipio como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión, la situación de reto demográfico o el esfuerzo fiscal.

   Por otra parte, también se establece un fondo para compensar los gastos de los ayuntamientos que tienen necesidades específicas vinculadas a la prestación de determinados servicios, así como otro dirigido a inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico.

   El nuevo sistema pretende, según la Xunta, aportar "mayor estabilidad, más objetividad y autonomía financiera local, adaptando los recursos a las diferentes realidades de los ayuntamientos gallegos".

FUSIONES

   "También seguiremos apoyando la fusión voluntaria de los ayuntamientos y dejaremos en manos de cada municipio la posibilidad de las condiciones en las que se pueda ejercer el teletrabajo en cada administración local", ha esgrimido el jefe del Ejecutivo, en relación a una norma que recogía la opción de que la Xunta pueda de forma excepcional iniciar de oficio una anexión de ayuntamientos cuando se hayan en una situación muy límite.

   Preguntado al respecto, Rueda ha recalcado que la ley "apoya" la fusión voluntaria, pero que su Gobierno entiende que "imponer" las uniones "no es el camino".

UNAS 500 ALEGACIONES

   En términos generales, el presidente ha defendido que era necesario adaptar la norma "a la realidad y a los nuevos cambios que fueron surgiendo en los últimos años" con el objetivo de "seguir garantizando que los ayuntamientos dispongan de los recursos que necesitan para llevar a cabo el ejercicio de sus competencias".

   Con esta ley se busca, según ha recalcado el presidente, "modernizar el marco local gallego, simplificar la burocracia y adaptar la norma al entorno digital", además de "fomentar la cooperación entre administraciones".

   El texto inicia ahora su trámite parlamentario después de completar el proceso de audiencia e información pública y de evaluar, según ha informado Rueda, alrededor de medio millar de aportaciones recibidas durante su tramitación.

   La Xunta apunta que mantuvo reuniones con representantes de las diputaciones provinciales, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de administración local para evaluar sus aportaciones. El actual proyecto es, agrega, fruto de un proceso participativo que contó con distintos estudios, congresos y actividades dirigidas a recoger las necesidades de las entidades locales.

CLARIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

   En lo que se refiere a la clarificación del sistema de competencias de las entidades locales, la Xunta apunta que se establece con mayor precisión el ámbito de actuación de las administraciones locales "sin atribuir nuevas competencias", lo que ofrece "más seguridad jurídica para los ayuntamientos y más claridad para la ciudadanía".

   Por otra parte, la futura norma mira al rural y, por primera vez, le da un tratamiento específico a los municipios en situación de reto demográfico. Para estos ayuntamientos mediante la cooperación entre Xunta y diputaciones se establecen medidas específicas para que cuenten con asistencia para la prestación de servicios.

   En esta línea, también se refuerza el papel de asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios, sobre todo a los de menor capacidad económica y en situación de reto demográfico. Entre otras novedades, los municipios podrán participar en la elaboración del presupuesto provincial mediante una consulta electrónica no vinculante para trasladar sus prioridades, ofreciendo así más garantías e inversión a los ayuntamientos.

COOPERACIÓN MUNICIPAL MÁS ALLÁ DE LAS FUSIONES

   Más allá de la apuesta por las fusiones, se añade, además, el refuerzo del papel de las mancomunidades como una fórmula estable para prestar servicios de manera conjunta. Y con una menor duración temporal, la nueva regulación introduce otras fórmulas más flexibles de cooperación intermunicipal para afrontar necesidades concretas.

   Una de ellas son las áreas funcionales de carácter temporal, que permiten que varios ayuntamientos se agrupen para facilitar durante un período determinado la prestación de servicios conjuntos o realizar actuaciones de interés común. Otra de las figuras innovadoras son las agrupaciones de municipios para compartir personal municipal, hasta ahora solo previsto para personal funcionario con habilitación nacional.

   La nueva ley abre la posibilidad de compartir todo tipo de personal de carácter técnico para la prestación de los servicios municipales en ayuntamientos pequeños y con menos recursos.

VICEALCALDÍAS

   Sobre la organización, por ejemplo, se introduce en las diputaciones y en los municipios de más de 30.000 habitantes la figura de dirección pública profesional y en estos ayuntamientos también la posibilidad de crear vicealcadías.

   Respecto de la modernización, se regula la utilización de la inteligencia artificial en la tramitación y en la toma de decisiones administrativas. Además, se regulan los órganos colegiados a través de sesiones telemáticas y mixtas.

   En cuanto a la financiación local, el proyecto de ley recoge una de las novedades más destacables de la norma, pues en él se asientan las bases del nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos de la comunidad.