SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de Abanca defienden que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo no afecta a esta entidad bancaria, toda vez que su responsabilidad en esta materia ya ha sido juzgada en España en dos ocasiones: tanto por el Tribunal Supremo como por un juzgado de lo Mercantil en Madrid en 2016.
En concreto, el fallo del tribunal europeo obliga a los bancos a devolver lo cobrado de manera irregular desde la firma del contrato de la hipoteca con estas cláusulas, y no desde 2013, de cuando data la resolución del Supremo que dictaminó que estas condiciones eran disconformes con la normativa.
Con todo, fuentes de Abanca, que han reivindicado que desde que el banco comenzó a operar con esta denominación nunca "comercializó ni vendió" este tipo de productos, han señalado a Europa Press que cualquier contingencia en este sentido deberá ser satisfecha por el FROB, el fondo de reestructuración ordenada bancaria.
Y es que Abanca es heredera de las antiguas cajas de ahorro gallegas y Novagalicia --la entidad resultado de su fusión y posterior bancarización-- y fue comprada por Juan Carlos Escotet bajo el acuerdo de que el FROB cubriría el 85 por ciento de las reclamaciones relacionadas con préstamos hipotecarios.
Es por ello que, a juicio del banco, es este fondo el que deberá asumir el reintegro de buena parte de las cantidades derivadas de cualquier demanda sobre las cláusulas suelo que, como insisten las mismas fuentes, no se comercializan "desde 2011" ni se cobran a los clientes "desde 2013".
CASI 80.000 AFECTADOS
En cuanto a la cifra de afectados por las cláusulas suelo de Abanca en el conjunto de España, las fuentes de la entidad bancaria consultadas han ratificado la de casi 77.300 aportada por la asociación de consumidores Acouga.
El presidente de este colectivo, Manuel Pérez Arias, ha explicado a Europa Press que este dato se extrae de la notificación que la entidad financiera hizo a clientes después de presentar una demanda colectiva, que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña el pasado mes de febrero.
