La Fiscalía solicita 18 años de prisión por los delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas y lesiones
PONTEVEDRA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Dos de los siete acusados del secuestro y tortura de un pontevedrés ocurrido el 18 de agosto de 1999, cuando fue sacado a la fuerza de su domicilio en el municipio de Santa María de Oia y trasladado a las proximidades de Valladolid, atribuyeron hoy los hechos a un encausado vallisoletano de raza gitana, asesinado poco después de este suceso.
Así lo manifestaron algunos procesados en el inicio del juicio que comenzó hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por secuestro y tortura. En total fueron procesadas 12 personas, casi todas relacionadas familiarmente entre sí, aunque hoy únicamente siete se sentaron en el banquillo de los acusados.
En el juzgados estuvieron presentes Felipe Rivero, Juan Carlos Asensio, José Ortega, Pedro Francisco Giménez, Inocencio Israel Escudero, Alfredo Ferreyuelo y Álvaro Giménez López, mientras que se encuentran en busca y captura Genaro Giménez, Angel Utrera, Araceli Giménez y Maria Rosa Fernández Torres.
Todos ellos fueron acusados de la detención ilegal de José Manuel Fernández Miranda, quien el 18 de agosto de 1999 fue sacado a la fuerza de su domicilio en el municipio pontevedrés de Santa María de Oia, y trasladado a las proximidades de Valladolid donde, en una cuadra de caballos, fue torturado quemándole los dedos con un puro y aplicándole descargas eléctricas.
Los secuestradores pretendían que les dijera donde estaba determinada cantidad de dinero y droga que, supuestamente, tenía en su poder, aunque él siempre lo negó hasta que, por miedo a que pudieran matarle, les convenció para regresar a Galicia con el engaño de que aquí les entregaría lo que le pedían.
Cuando estaban de regreso en dos coches fueron detenidos por la Guardia Civil, que les seguía la pista a través de las conversaciones que mantenían por el móvil para no perderse.
RESPONSABILIDAD
De los siete procesados, esta jornada tres dijeron que no recordaban nada, dos se negaron a declarar y sólo Juan Carlos Asensio y Felipe Rivero reconocieron el secuestro y tortura de José Manuel Fernández Miranda, aunque atribuyeron toda responsabilidad a Gregorio Ortega, el único acusado que no podrá ser juzgado porque ha muerto.
En este sentido, explicaron que fue él quien les contrató para "hacer fuerza en el cobro de una deuda por unos coches", y aseguraron que cuando se dieron cuenta de lo que pasaba quisieron irse pero les obligaron a quedarse.
La Fiscalía solicita diversas penas que los casos de mayor gravedad, que suman 18 años de prisión por los delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas y lesiones.
