Actualizado 20/02/2012 14:06 CET

Alcalde de Totana (Murcia) podría librarse de la cárcel por un acuerdo con el fiscal quien pedirá únicamente dos años

El Ex Diputado Y Ex Alcalde Juan Morales, Principal Imputado En El Caso Tótem
EUROPA PRESS

Ministerio Fiscal solicitaba, antes de llegar a un acuerdo, penas para Morales que sumaban casi 30 años de cárcel por nueve delitos

MURCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales, podría librarse de la cárcel tras un acuerdo alcanzado entre su defensa, ejercida por José María Caballero, y el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, quien pediría únicamente dos años de cárcel para el principal acusado de una presunta trama de corrupción, y una fuerte multa económica, tal y como ha confirmado Caballero.

Además, los otros 12 acusados que este lunes estaban citados para ser juzgados podrían haber alcanzado acuerdos similares con el Ministerio Público, por lo que podría no celebrarse el juicio. Según ha podido saber Europa Press, lo único que queda por resolver son ciertos flecos de índole económica.

El juicio tendría que haber comenzado a primera hora de este lunes, pero el Ministerio Fiscal ha interesado retrasar el juicio por corrupción urbanística contra Morales y otras 12 personas para cerrar y modificar algunos de sus escritos de conclusiones.

El fiscal, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido un "breve tiempo" antes del comienzo de la primera sesión del juicio; solicitud que ha atendido el tribunal, presidido por Juan Martínez Moya e integrado por Enrique Quiñonero y Manuel Abadía.

El Ministerio Fiscal solicitaba, en un principio, penas que sumaban casi 30 años de cárcel para Morales por delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos.

La operación se desarrolló a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana. El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio y ex diputado primero del PP y tras expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto, Juan Morales, que por su condición de aforado no fue detenido.

Debido a esta condición, la Sala acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.

'TÓTEM'

De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el exparlamentario, entre ellos el de cohecho por el cobro de comisiones.

Estaba programado que durante tres semanas a partir de este lunes, pasarán por el banquillo el ex alcalde y exdiputado Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.

Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Martín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S.; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.

PENAS DEL FISCAL

El Ministerio Fiscal había solicitado, en un principio, penas que sumaban 28 años y ocho meses de cárcel para Juan Morales por un total de nueve delitos investigados en el marco del denominado 'caso Tótem'.

En concreto, el Fiscal pedía para Morales 12 años de cárcel por el delito de cohecho relacionado con las mercantiles Inmonuar y Frutas Guadalentín, y las entidades Agroproducciones Integradas y Visanfer; así como ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y costas.

Por el delito de fraude pedía dos años de prisión; por blanqueo de capitales las penas ascienden hasta cuatro años; por delito continuado de falsedad la pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel; por el delito continuado de malversación tres años y seis meses; y por el de infidelidad en la custodia de documentos dos años y ocho meses de prisión.

Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero. Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

En cuanto a la responsabilidad que se solicita para Morales en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Totana por parte tanto del fiscal como de la acusación particular asciende a 4.292 euros por las facturas de teléfono.

En concreto, el Fiscal recuerda que Morales fue alcalde de Totana en las legislaturas 1995-1999, y 2003-2007, pasando a la oposición en el Ayuntamiento en los años 1999-2003, a la vez que fue diputado regional en la legislatura 2003 a 2007, cargo que renovó en 2007-2011.

Precisamente, el Ministerio Fiscal señala que en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y "amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal, cometió" los hechos relatados, los cuales "suponen un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado".

Todo ello "buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa", según el escrito.

Asimismo, el Fiscal le acusa de actuar "sin el más mínimo recato tanto él directamente como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".