Alecrín denuncia la concesión de permisos carcelarios a agresores sexuales y maltratadores que son "un peligro social"

VIGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer de la organización Alecrín, denunció hoy que titular del Juzgado número dos de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra, Fidel Jesús Río Pardo, haya concedido durante 2005 permisos a presos condenados por agresión sexual y violencia de género, internos en la prisión ourensana de Pereiro de Aguiar, en contra de los informes de la Junta de Tratamiento del Centro.

En rueda de prensa, la presidenta de Alecrín, Ana Míguez, explicó que la asociación feminista ha tenido conocimiento de al menos ocho casos de internos de esta cárcel condenados por delitos de agresión sexual y maltrato a sus parejas, y en algunos casos a sus hijos, que han sido beneficiados por permisos penitenciarios por parte del magistrado Río Pardo, a pesar de que los informes de médicos, psicólogos, educadores y del propio director del penal, eran desfavorables.

Según la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, ninguno de estos ocho presos ha reconocido su delito, de hecho, los informes que maneja Alecrín señalan que "no se sienten culpables"; a lo que se añade el hecho de que ninguno ha querido someterse a tratamientos de rehabilitación. Además, una vez que obtienen el permiso, "continúan acosando y amenazando a sus víctimas, por lo que son un peligro social", según explicó Ana Míguez.

La responsable de Alecrín denunció la actitud del juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Pontevedra y lo acusó de mantener una "actitud beligerante" ante las víctimas de la violencia de género, por lo que exigirán una investigación, y pedirán explicaciones al Fiscal Jefe de Galicia, ya que el Ministerio Fiscal no recurrió ninguno de los permisos otorgados por este juez. Asimismo, pondrán lo ocurrido en conocimiento del Valedor do Pobo.

MÁS CASOS

Los motivos que dieron lugar a la denuncia de Alecrín se centran en ocho casos, aunque las responsables de la asociación feminista temen que "puede haber muchos más" en otras prisiones. Por ello, consideraron muy importante que se denuncien estas situaciones, a pesar de que, según Ana Míguez, "se pone la zancadilla por detrás a las entidades que luchan contra esto".

Entre los presos que se han beneficiado de permisos penitenciarios durante 2005 destaca el caso de un hombre condenado por haber violado a sus tres hijas durante 15 años, en casi 2.500 ocasiones; el de otro preso, agresor sexual y con trastornos de conducta; o el de un hombre que maltrató a su mujer, e incluso la persiguió cuando ésta se vio obligada a cambiar su residencia a otra provincia para evitar a su agresor.

En todos los casos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar informó desfavorablemente a la concesión de estos permisos que, en algunos casos, fueron disfrutados por los internos en el mismo lugar donde cometieron los delitos.

CONCESIÓN DE PERMISOS

Según la Ley Orgánica General Penitenciaria, los presos han de cumplir una serie de requisitos para poder acogerse al beneficio de los permisos de salida; por los que, además de haber cumplido la cuarta parte de la condena, es necesario que no observen mala conducta, una circunstancia que debe ser valorada por la Junta de Tratamiento de cada centro en función de la trayectoria delictiva del interno, su personalidad, la naturaleza del delito o la participación en programas de reeducación, entre otros.

Por otra parte, Alecrín denuncia que, en el caso del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Pontevedra, no se ha tenido en cuenta la posición unánime de esta Junta de Tratamiento, formada por profesionales que, recordó Ana Míguez, "son los que mejor conocen a los presos porque conviven con ellos a diario".

Asimismo, Míguez insistió en que la justicia debe "valorar el riesgo" que supone la concesión de permisos a personas condenadas por agresión sexual y maltrato, y destacó que, según los informes de la propia prisión, el perfil de los beneficiarios refleja que "pueden volver a delinquir en cualquier momento".