(AM) El Ayuntamiento de Santiago recurrirá ante el TS el fallo que anula la ampliación de la plantilla con tres plazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la creación de las plazas que ocuparon, después, el secretario y la interventora relegados por el PP en el gobierno local.

Aprovechando la reunión de la junta de gobierno extraordinaria ya prevista para este viernes, el alcalde, Ángel Currás, y su equipo han analizado la sentencia que ha trascendido el pasado miércoles, por la que se anula la decisión de febrero de 2012 conforme se crean tres plazas, un procedimiento iniciado con la modificación de la relación de puestos de trabajo en 2011.

El gobierno local defiende que este acuerdo "no cuestiona la legalidad de quienes ocupan los puestos" en la actualidad y "no se refiere en modo alguno a que haya que reponerlos en sus puestos", defendió la portavoz del grupo de gobierno, María Pardo.

La portavoz del gobierno popular también ha asegurado, en rueda de prensa, que esta sentencia no tiene ninguna repercusión práctica, puesto que la creación de los puestos de habilitados ya está superada por las plantillas aprobadas en los años sucesivos.

Además, en declaraciones a los medios previas, el regidor compostelano, Ángel Currás, abundó en que, pese a que "respetan" la sentencia, discrepan con que las plazas no fuesen creadas conforme a la legalidad.

"Recurrimos porque creemos que tenemos razón y no se está incumpliendo ninguna norma", ha expresado el regidor compostelano, quien ha discrepado con la "opinión" de la sala.

Currás ha abundado en que la dotación de las plazas "se hizo correctamente" y ha asegurado que "entiende que está habiendo trabajo para todos", incluyendo a los dos cesados. Así, sobre la comisión municipal que va a estudiar el caso de la exinterventora municipal que ha denunciado falta de carga de trabajo, el alcalde ha dicho que es otra cuestión "diferente" a la sentencia y María Pardo, que ha criticado que se conozca esta cuestión confidencia, ha indicado que todavía no hay dictamen.

La Comisión de Acoso Psicolóxico no Traballo, en la que figura la concejala de Régimen Interior, acaba de valorar por unanimidad que sí existen indicios de 'mobbing', según publica este viernes 'La Voz de Galicia', y ha abierto una investigación para determinar el alcance de los hechos que produjeron la acusación de Inmaculada Viña.

ARGUMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO

El recurso del Ayuntamiento ante el Supremo tendrá como argumento que la creación de las plazas se hizo conforme a derecho, toda vez que no supuso ninguna modificación presupuestaria, y que, además, no se crearon nuevas plazas de funcionarios (lo que prohibía en 2012 la entrada en vigor de RD ley 20/2011), sino que se constituyeron puestos de apoyo como obliga la ley cuando personas nombradas por libre designación son cesadas.

Estos argumentos se apoyan en un auto de la misma Sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anterior a la sentencia que ahora se recurrirá.

En ese auto, de 31 de enero de 2013, se dice que la creación de las plazas que tiene lugar en el acuerdo "no afectaría a la incorporación de nuevo personal a través de la oferta de empleo público", por lo que (...) "no existiría el incremento de los gastos de personal que prohíbe".

Además, el Ayuntamiento compostelano defiende que la creación de plazas de habilitados está avalada por la Xunta. De hecho, ha aportado una circular remitida por la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en la que se apunta que la "cobertura por un funcionario de habilitación de carácter estatal no entraría en el supuesto" del artículo 3 del real decreto, el que impone la tasa de reposición cero.

De hecho, la portavoz del grupo de gobierno ha argumentado que el "único cese ilegal" que ha habido en el Ayuntamiento de Santiago ocurrió con la interventora anterior a la cesada por el PP en 2012, ya que, según explicó María Pardo, el bipartito local "no creó la plaza" correspondiente. Al respecto, incidió en que en este caso se trata de una sentencia "firme".

A mayores, María Pardo ha justificado que cuando el gobierno local inició el procedimiento, en 2011, la ley que estipula la tasa de reposición cero todavía no estaba en vigor.

ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL

Por su parte, el tribunal alega que cuando se aprobó la decisión por parte de la junta de gobierno local, en febrero de 2012, ya estaba en vigor el real decreto ley 20/2011, por el que se imponía la tasa de reposición cero.

"Resulta evidente que con el incremento de plantilla acordado ha tenido lugar la incorporación de nuevo personal (Juan Manuel Salguero del Valle como secretario del pleno y Juan Ramón González Carnero como interventor), que es precisamente lo que prohíbe" el artículo tercero de la mencionada ley, señala la sentencia, a raíz de una denuncia presentada por el PSdeG cuando todavía era su portavoz municipal Xosé Sánchez Bugallo.

Asimismo, los magistrados también señalan que no se contenía ninguna referencia a que la carga de trabajo no pudiera ser acometida por los seis funcionarios previamente existentes ni a que no fuese posible demorar la ampliación de la plantilla hasta el ejercicio 2012, "pues no hemos de olvidar --aclaran-- que aquella propuesta inicial se presentó en noviembre de 2011, es decir, cuando ya quedaba poco tiempo para finalizar el ejercicio presupuestario".

SIGUIERON SUS PROCEDIMIENTOS

La exinterventora municipal también ha denunciado su cese en la vía administrativa, mientras que el exsecretario municipal se ha personado en la 'Operación Pokémon', que entre otras cuestiones, investiga si existe relación entre estos ceses y la supuesta trama de corrupción de pago de sobornos a políticos para lograr concesiones públicos.

Vinculado con ello, María Pardo ha censurado que se atribuyan los nombramientos de los sustitutos de los cesados a afinidades con el grupo de gobierno. "Que se prueben", ha dicho, visiblemente enfadada María Pardo, quien ha criticado que se puedan hacer estos comentarios "por dimes y diretes de trabajadores de una empresa concesionaria" del Ayuntamiento. "¡Apaga y vámonos!", ha criticado.

CASO POLICÍA LOCAL DE SANTIAGO

Por otro lado, preguntado por el caso del policía local que lo denunció a él y otros cargos municipales por acoso y prevaricación, y que ha conseguido por la vía administrativa la anulación de la sanción que le impuso el Ayuntamiento, el alcalde compostelano ha expresado que "en absoluto" está preocupado por este asunto.

Tanto él, como el exconcejal Albino Vázquez, la exdirectora de fuerzas de seguridad, Mar Hinojosa, el exregidor, Gerardo Conde Roa, y el exjefe de gabinete de este último, Ángel Espadas, están imputado en esta causa, que se encuentra en fase de diligencias.

"Yo de este tema estoy muy tranquilo, lo dije muchas veces, y sigo diciendo lo mismo, estoy muy tranquilo", ha zanjado al ser preguntado por si considera que este fallo repercutirá en la denuncia que se tramita por la vía penal.