(Ampl).-La Xunta rechaza el PGOM de Vigo porque no garantiza un crecimiento ordenado ni la dotación de servicios básicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Territorial rechazó la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo porque entiende que no está garantizado un crecimiento ordenado ni la dotación de servicios básicos como suministro de agua o saneamiento.

En rueda de prensa, la titular de este departamento autonómico, María José Caride, informó de que hoy entró en el registro del Ayuntamiento vigués la orden de la consellería con esta resolución y aseguró que el PGOM "será aprobado de manera definitiva tan pronto se subsanen" las casi 80 deficiencias detectadas por la Xunta.

Caride comunicó hoy esta decisión a la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, con la que se reunirá el próximo martes para explicarle con detalle esta orden y aseguró que todavía se está a tiempo de que esta ciudad cuente con un PGOM este año.

Además, destacó que "como conselleira de Política Territorial y como viguesa" sabe que "Vigo necesita y merece" un PGOM, pero precisó que "tiene que garantizar la seguridad jurídica, los servicios e infraestructuras básicas para los ciudadanos, que permita el desarrollo social, empresarial y socioeconómico de la primera ciudad de Galicia".

DEFICIENCIAS YA EN EL INFORME PREVIO

María José Caride matizó que las deficiencias detectadas por la Dirección Xeral de Urbanismo tras el análisis pormenorizado del PGOM están presentes desde la primera fase del trabajo "y ya aparecían en el informe previo a la aprobación inicial realizado por la anterior Consellería de Política Territorial -con Gobierno del PP- el 28 de julio de 2004".

La titular de Política Territorial recordó que se detectaron "carencias" en los diferentes informes vinculantes de Costas, Carreteras, Ferrocarriles y Augas de Galicia, que deberán "resolverse", y añadió que el nuevo documento también tendrá que incorporar la resolución de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.

Adicionalmente el PGOM debe obtener de la Consellería de Medio Ambiente la resolución sobre el procedimiento de Avaliación Ambiental Estratéxica o la declaración de inviabilidad prevista en la disposición transitoria primera de la Lei 9/2006, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Una de las principales deficiencias apuntadas por Política Territorial se refieren a la extensión de la ciudad, pues la Xunta entiende que el PGOM, en sus términos actuales, prevé una extensión desmesurada e insostenible de suelo urbanizable contradiciendo la actual legislación urbanística por ser incompatible con los principios de contención, sostenibilidad y uso racional del suelo. No obstante, Caride indicó que "considera adecuada la solución en los bordes de la ciudad, pero no así en el resto", debido a la extensión desmedida del suelo que se pretende urbanizar.

También señala que el plan no incluye soluciones que garantizan la calidad de vida de la ciudadanía y que afectan a los servicios más básicos; además de no fijar un desarrollo ordenado entre el crecimiento urbanístico y la dotación de servicios ni establece prioridades al respecto.

ESTIMACIONES CONTRADICTORIAS

En este sentido, indica que las estimaciones de crecimiento urbanísticos del propio plan son contradictorias, incumplen las condiciones para un desarrollo coherente y superan sus propias proyecciones.

Igualmente se refiere a incorrecciones en la clasificación del suelo, pues el PGOM de Vigo tipifica como urbanos suelos que no reúnen las condiciones para serlo y clasifica de forma distinta suelos que tienen las mismas características.

Tras esta orden de Política Territorial, Vigo no contará con un nuevo PGOM antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 27 de mayo, pues ahora el ayuntamiento deberá subsanar las deficiencias indicadas por la Xunta y la Administración autonómica tendrá de nuevo tres meses de plazo para decidir sobre la aprobación definitiva del nuevo documento.

Preguntada por las implicaciones que puede tener esta decisión en el resultado de los comicios en Vigo, María José Caride rechazó cualquier vinculación y reiteró que la intención de su departamento "es velar por la seguridad jurídica, pensando sólo en los intereses de los ciudadanos de Vigo". También reiteró que las deficiencias ya las detectó la anterior administración del PP.

En cuanto a la suspensión de licencias, que finaliza el próximo mes de febrero y no se puede prorrogar, la conselleira expresó su voluntad de "solucionar los problemas" y no ir a otros "adicionales". Además, dijo que, si no hay un nuevo plan, estaría vigente el actual, aprobado en 1993.