El PPdeG pide que el Gobierno español asuma su defensa y anuncia que se dirigirán al comisario europeo de Pesca
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Representantes de los armadores afectados por la decisión de la Unión Europea de prohibir el uso de rascos y volantas más allá de los 200 metros de profundidad al oeste de Escocia e Irlanda mantuvieron hoy una reunión con los portavoces de Pesca y de Asuntos Europeos del grupo parlamentario popular --José Manuel Balseiro y Enrique López Veiga--, tras la cual anunciaron que están "dispuestos a cualquier medida de presión" contra una propuesta que calificaron como "una expropiación en toda regla".
La veda de la volanta a partir del 1 de febrero afecta a más de 80 barcos españoles, 70 de ellos gallegos, y hace peligrar "sobre 1.500 puestos de trabajo directos", según cálculos del portavoz de los armadores, Vicente Lage, que aseguró que también se verían damnificados tres trabajadores indirectos por cada puesto de trabajo directo.
"No podemos permitir que nos saquen del sector pesquero a empresas que llevamos más de veinte años en este tipo de pesquería", indicó el armador, que consideró que el hecho de que los empresarios gallegos están abanderados en otros países de la Unión es el causante de que el Gobierno español no haya salido en su defensa.
Ante ello, Lage pidió que "alguien del Gobierno" les explique cuál es su situación, y subrayó que la riqueza que generan con su actividad "se queda en Galicia". De hecho, tan sólo en la lonja de A Coruña la facturación media anual de estos barcos es de 15 millones de euros.
Debido a la gravedad de la situación, los armadores se reunieron hoy con los representantes del PP gallego y les pidieron que "tomen cartas en el asunto", ya que denunciaron que el Gobierno no los ha recibido ni ha dado ningún paso para ponerse en contacto con los afectados.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
Del mismo modo, el portavoz de Asuntos Europeos de los populares gallegos, Enrique López Veiga, denunció que existió "un fallo político" por parte de la Consellería de Pesca y de la secretaría general de Pesca del Gobierno central en la negociación que tuvo como resultado la veda de la volanta en una cumbre de ministros de Pesca celebrada en Bruselas.
El ex conselleiro de Pesca destacó que los armadores afectados cumplen con la legalidad y son "inversores gallegos que se aprovecharon de los derechos que da pertenecer a la Unión Europea", del mismo modo que entidades bancarias de otros países también extienden sus áreas de negocio a España.
López Veiga subrayó que Galicia debe estar "orgullosa" de que existan empresarios que se aprovechen del mercado único", y ante el hecho de que ningún gobierno asuma la defensa de sus intereses consideró que debe hacerlo "el Estado español", ya que se trata de armadores gallegos. "Son empresas comunitarias y alguien debe defenderlas", sentenció.
MEDIDAS
El diputado del PPdeG anunció que desde su grupo se pondrán en contacto con los eurodiputados populares en Bruselas para que busquen una solución a los problemas de los afectados por la veda de la volanta, y del mismo modo tanto él como el también parlamentario José Manuel Balseiro se dirigirán a este respecto al comisario europeo de Pesca, Joe Borg.
"Lo menos que pueden dar es una moratoria", aseguró López Veiga, que recordó que en el caso de la prohibición de las volantas en las pesquerías del bonito --que afectó en su mayoría a barcos irlandeses y franceses--, se concedió un período transitorio de aplicación de la veda "muy largo", de casi 10 años.
Por ello, consideró la entrada en vigor de la veda a partir del mes de febrero como una medida "drástica" que no es "ni justa ni equitativa", y además afirmó que se basa en unos informes en los que "no hay rigor científico ninguno". "No sé cómo la comisión cae en este tipo de infantilismos", enfatizó el portavoz popular, para quien la medida obedece al deseo de algún país de desplazar a la flota gallega de esta zona de pesca.
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