El gerente de Imesapi dice que fue contratada por indicación del Ayuntamiento y el funcionario acusado lo niega
VIGO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Pontevedra ha ordenado la citación, a través de la Policía, de V.F.B., cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que estaba citada como testigo para comparecer este martes en el juicio que se sigue por su supuesto 'enchufe' en una concesionaria municipal de Vigo, y no se ha presentado.
Tras constatar la ausencia de esta testigo, el presidente del tribunal ha ordenado que se la vuelva a citar, esta vez a través de la Policía, para este miércoles a las 10,00 horas.
Asimismo, el magistrado ha ordenado que se indique la "advertencia expresa" de que podrá ser sancionada con multa de hasta 5.000 euros y que "si persiste" en su incomparecencia, puede incurrir "en un delito de desobediencia grave".
En la vista que ha comenzado este martes se juzga a un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G.O., y al que era gerente de la concesionaria Imesapi, Ramón C.A., acusados de prevaricación, malversación y falsedad documental.
La Fiscalía sostiene que ambos idearon un plan para "aparentar" la contratación de V.F.B., "persona muy afín a un miembro del gobierno local", por parte de la concesionaria. Para sufragar la nómina de esta persona, el Ayuntamiento encargó a la empresa, por medio de contratos menores, la elaboración de varias encuestas y estudios que, según el ministerio público, fueron facturados, pero ni la cuñada de Silva ni Imesapi fueron sus autores.
CONTRATOS DE LAS ENCUESTAS
El juicio se ha iniciado con la presentación de las cuestiones previas y con las declaraciones de Francisco Javier G.O., para quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación; y de Ramón C.A., para quien pide 7 años de prisión.
El funcionario vigués ha explicado que el departamento de Participación Ciudadana encargó a Imesapi, porque "se creía que tenía la capacidad y personal para ello", la elaboración de una serie de encuestas sobre la calidad de los servicios, y que dicho encargo procedía una orden general del gobierno municipal, a través del edil del departamento, Santos Héctor Rodríguez.
No obstante, ha matizado que "jamás" impuso la contratación de la cuñada de Carmela Silva y también ha negado que hubiera planificado la elaboración de esas encuestas como modo de compensar económicamente Imesapi por el coste salarial que suponía mantener a V.F.B. en la concesionaria.
Según ha explicado, esta trabajadora desempeñó labores de apoyo en la unidad de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, aunque "no quedó huella" de su trabajo, y ha añadido que ignora quién elaboró las encuestas encargadas a Imesapi.
Finalmente, ha justificado que fuera él quien propusiera los presupuestos de las distintas encuestas, en lugar de la propia empresa, alegando que se ceñía a los "precios de mercado", unos precios que, en esos contratos, oscilaron de los 9,5 a los 23,25 euros por encuesta.
CONTRATO "POR INDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO"
El otro acusado, Ramón C.A., ha incidido en su declaración en que la contratación de V.F.B. para la elaboración de esas encuestas se hizo "por indicación del Ayuntamiento", aunque ha señalado que no recuerda quién le dio esa instrucción. "Esta persona ya había trabajado en los centros cívicos haciendo sustituciones, y desde el Ayuntamiento nos pidieron que continuara", ha declarado.
Ramón C.A. también ha explicado que la concesionaria no tenía "ningún control" sobre los trabajadores que estaban en los centros cívicos, ni sobre la cuñada de Carmela Silva, de quien desconocía el tipo de trabajo que hacía o incluso el lugar físico donde desempeñaba sus labores.
El que fuera gerente de Imesapi, no obstante, sí ha reconocido que el encargo de las encuestas fue la forma en que el Ayuntamiento abonaba a la empresa los costes laborales de la contratación de V.F.B., que haría "trabajos ajenos al pliego" de los centros cívicos.
"Hacíamos las facturas según las instrucciones del jefe de servicio, pero Imesapi no hizo ni las encuestas ni los informes. La primera vez que las vi, fue durante la instrucción de la causa", ha incidido.
Finalmente, ha proclamado que la concesionaria "no ganó dinero" con la contratación de la cuñada de Silva. "Ojalá no hubiéramos hecho ese contrato nunca", ha lamentado.
DECLARACIÓN DEL CONCEJAL
En esta primera jornada de juicio también han declarado, como testigos, el portavoz de la plataforma Xuntos, que interpuso la denuncia inicial, Carlos González Armada; el extrabajador de Imesapi, J.A.M.B., quien confirmó la contratación de V.F.B. por indicación municipal; y el concejal de Empleo (y en el momento de los hechos también de Participación Ciudadana), Santos Héctor Rodríguez.
El edil socialista ha ratificado que la elaboración de encuestas de calidad del servicio fue "una decisión de gobierno" y que él mismo trasladó a Francisco Javier G.O. el encargo, en función de la disposición de remanentes.
Sin embargo, Santos Héctor Rodríguez ha matizado que "nunca" intervino para que Imesapi contratara a la cuñada de su compañera de gobierno para hacer esas encuestas. "Jamás me dirigí a ellos para indicarles a quién contratar", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que, en el momento en que se firmaron los contratos con la empresa no conocía a V.F.B., ni su relación de parentesco con Silva.
El concejal ha señalado que no estaba al tanto de la tramitación administrativa de los contratos, y tampoco de cómo se elaboraron esas encuestas que, en todo caso, ha apuntado, fueron "muy útiles" para mejorar los diferentes servicios de su departamento.
