FERROL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Ferrol ordenó hoy el corte de suministro de gas, electricidad y agua al Hotel Galiano Plaza, situado en el barrio histórico de la Magdalena, por carecer de las licencias de primera ocupación, de apertura, de la certificación final de obra y por exceder en el volumen y la edificabilidad permitida.
Con cuatro plantas y dos bajos comerciales que albergan dos cafeterías y un restaurante, el Hotel Galiano Plaza es propiedad del empresario José Fernández, 'Jofer'. Desde la apertura del establecimiento en marzo de 2008, coincidiendo con la Semana Santa, se han sucedido las denuncias y reclamaciones judiciales entre el Ayuntamiento y la empresa.
La Administración local estima que con la decisión adoptada hoy se está cumpliendo con su responsabilidad y con el procedimiento administrativo, ya que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso que Ferrol Hoteles --empresa propietaria del inmueble-- presentó contra el corte de suministro que ya se había ordenado desde el Ayuntamiento en abril de 2008.
El gobierno local aseguró que "el Ayuntamiento se ajusta al procedimiento y toma las medidas necesarias para garantizar tanto el cumplimiento de la legalidad urbanística como la seguridad de la ciudadanía".
MEDIDAS MÍNIMAS
Asimismo, resaltó que la Administración local cumple con "su responsabilidad y con el procedimiento administrativo, ya que de lo contrario sería igualmente responsable ante cualquier problema o catástrofe que pudiese ocurrir", con el "consiguiente peligro para la ciudadanía y los usuarios de las instalaciones".
También insistió en que el hotel y los restaurantes "no cumplen las medidas mínimas para ejercer la actividad ni se someten al control administrativo previo que garantice su buen funcionamiento".
El corte de suministro se realizó en la mañana de hoy en presencia de funcionarios municipales, la Policía Local y los abogados del empresario. A los pocos minutos, la empresa desobedeció la orden de cese de actividad y volvió a abrir al público, aunque "con menos luz". El Ayuntamiento informó de que se desconoce de dónde procede este suministro, por lo que se investigará para dar traslado a la autoridad judicial por "presunto delito de desobediencia".
La Concejalía de Urbanismo, que preside Ángel Mato, consideró que el edificio es "ilegal" porque incumple en varias zonas los volúmenes establecidos en el Plan Urbanístico y supera en un 150% las dimensiones permitidas para el bajo cubierta. El edificio ha sido expedientado hasta en tres legislaturas diferentes, desde que inició su proyecto en el año 1999.