PONTEVEDRA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Pontevedra ha decidido suspender cautelarmente el plazo de presentación de ofertas para el contrato de la gestión de residuos de competencia municipal, que finalizaba el próximo 30 de enero. El importe económico de este contrato asciende a 233.395.720 euros para un período de 20 años.
El concejal responsable de residuos urbanos, Raimundo González, ha informado este viernes de esta decisión adoptada por la junta de gobierno hasta que se resuelvan, "en tres o cuatro semanas" los dos recursos presentados a los pliegos de esta licitación en el Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal).
El Ayuntamiento reenviará el expediente y una contestación a los recursos en la próxima semana.
Raimundo González ha explicado que el Ayuntamiento prefiere no continuar con el procedimiento atendiendo a un "criterio de seguridad jurídica y prudencia".
El concejal nacionalista ha defendido esta actuación porque "es un contrato importante, novedoso y de vanguardia que persigue objetivos ambientales y el cumplimiento de la nueva ley", y que esto "aconseja tramitar el expediente con las mayores garantías jurídicas, con la mayor seguridad jurídica posible".
"Es mejor esperar a la resolución de los recursos antes de continuar con el procedimiento" ha apuntado y si el Tacgal da la razón al Ayuntamiento "retomamos el plazo; si no, corregiremos lo que sea necesario".
RECURSOS
Uno de los recursos ha sido presentado por 'Moda re-', la Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por la Confederación Cáritas Española, que hace referencia al porcentaje de textiles que se excluyen del reciclaje.
El otro recurso es de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente (ASELIP), que representa a las compañías FCC Medio Ambiente, Urbaser, Cespa (Ferrovial Servicios), SAV (Agricultores de la Vega), Valoriza Medioambiente (Sacyr), OHL Servicios INGESAN, Contenur, Acciona y ASCAN Servicios Urbanos.
En el caso de esta asociación sectorial de ámbito nacional, cuestionan el equilibrio económico de la concesión y el cumplimiento de los objetivos de la propia Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La actual prórroga de la empresa concesionaria termina el próximo 30 de junio. El concejal ha asegurado que no le preocupan los plazos para adjudicar este nuevo contrato, "que se resuelva antes o después de las elecciones no es algo importante".
