Esperan que el Gobierno admita que la formación práctica no esté a cargo de entidades privadas y que permita uso de lenguas cooficiales
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de IU-ICV y BNG retiraron hoy sus enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, que se iban a votar esta tarde en el Congreso, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno para introducir cambios. IU asegura que ha "arrancado" al Ejecutivo el compromiso de restringir los organismos encargados de impartir la formación práctica de los abogados después de la Universidad, mientras que BNG confía en negociar la inclusión de un reconocimiento de los derechos lingüísticos.
El Pleno del Congreso tenía previsto debatir esta tarde las enmiendas a la totalidad de los dos grupos parlamentarios, los únicos que habían pedido la retirada del proyecto de ley aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, que prevé, entre otras cosas, que los licenciados en Derecho que quieran ejercer la abogacía deberán aprobar un examen y realizar un año de formación práctica posterior a la carrera, impartida por la Universidad y los colegios de abogados.
Con las modificaciones propuestas por IU-ICV que el Gobierno acepta plantearse, se eliminaría la posibilidad de que la formación práctica esté a cargo de "otros centros de formación práctica profesional para graduados de Derecho", por lo que sólo podrá ser impartida por las universidades públicas y privadas, y por las escuelas de práctica jurídica. Además, el Ejecutivo también aceptó mejorar la cantidad y la cuantía de las becas para la formación de postgrado.
La portavoz de IU-ICV Isaura Navarro aseguró que, con estas modificaciones, se ha conseguido "cerrar la puerta al intento de convertir la formación de los abogados y procuradores en un claro negocio de formación privada, dirigido por centros de dudosa capacitación académica y que sólo aplicarían criterios empresariales".
"Equiparar a las universidades con este tipo de entidades privadas, además de ir en contra del espíritu de armonización puesto en marcha por la UE, hubiera supuesto una injustificable delegación de competencias del poder público en materia tan sensible como es el control de calidad de aquellos que quieren acceder a las profesiones de abogado y procurador", añadió la representante de Izquierda Unida.
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego solicitaba la devolución al Gobierno de la ley porque ésta era un "paso atrás en una situación ya bastante lamentable", que "inviabiliza" la adecuación de la abogacía a su "realidad nacional" y "produce efectos discriminatorios".
Sin embargo, los nacionalistas gallegos han aceptado ahora retirar su enmienda a la totalidad, a cambio de que, además de reforzar el carácter público de la formación, se negocie la inclusión de una mención a los derechos lingüísticos en el proyecto de ley para garantizar la utilización de las lenguas cooficiales en el acceso y el ejercicio de la abogacía y la procura, se informó a Europa Press en fuentes del BNG.
UN AÑO MÁS DE FORMACIÓN
El proyecto de ley aprobado en diciembre por el Gobierno exige a los abogados, además de los cuatro años de la carrera de Derecho, un año más de formación práctica impartida por la Universidad y los colegios de abogados, y la superación de un examen, que tendrá el mismo contenido en todo el territorio nacional y que se convocará como mínimo de forma anual, sin que se pueda establecer un número limitado de plazas de acceso.
La medida no afectará a los jóvenes que actualmente estudian Derecho, ya que la reforma no entrará en vigor hasta seis años después de su aprobación. El Gobierno considera que los nuevos títulos profesionales de abogado y procurador están ya vigentes en la mayoría de países de la Unión Europea, por lo que permitirá homologar a los profesionales españoles para que puedan ejercer en el marco europeo.
Para la obtención de los nuevos títulos, habrá que superar un proceso de formación especializada de carácter esencialmente práctico, que garantice que tales profesionales del Derecho gozan de la capacitación técnica y práctica precisa para el desempeño de sus funciones en el asesoramiento y la actuación ante tribunales.
Se establece que, como máximo, un tercio del contenido formativo debe realizarse a través de prácticas externas en el ámbito de la Abogacía o de la Procura. No se trata de un período de pasantía, pues este período de prácticas se configura como una parte de los cursos formativos, sin que el llamado 'pasante' pierda su condición de alumno.
Durante la sesión de hoy, el Pleno del Congreso debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al recurso de casación y que generaliza la doble instancia penal. El encargado de defender en la Cámara Baja las propuestas del Gobierno será el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El PP pedirá al Congreso la devolución al Gobierno del proyecto de ley, puesto que éste "pésima técnica legislativa que entraña". Así, señala que el proyecto del Gobierno aborda "sin la debida sistemática nada menos que la reforma de 20 textos legales".
