Pide al Gobierno central que explique en base a qué criterios se subió la presión fiscal para los carburantes
OURENSE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, pedirá al Gobierno central que regule la cancelación automática de la hipoteca a un ciudadano que no puede pagarla y entrega su vivienda a la entidad financiera. En este sentido, señaló que esta medida ya se adoptó en otros países como EE.UU. y "beneficiará" a las clases que más sufren los efectos de la crisis económica, y que en Galicia se aproxima a las 20.000 familias y 380.000 en todo el territorio estatal.
Xosé Manuel Bouza presentó dos iniciativas económicas que formalizará mañana jueves en el Senado. La segunda medida pasa porque el Gobierno central "regule", de acuerdo con las comunidades autónomas, la "creación de entidades de tasación públicas" a las que los consumidores "puedan acudir" cuando no estén de acuerdo con la tasación de la entidad privada participada por la entidad financiera.
El senador nacionalista señaló que, a día de hoy, los consumidores "no tienen donde acudir" ante esta problemática y añadió que, hasta hace un año, las entidades tasadoras "realizaban tasaciones muy altas" pero "tiene consecuencias muy graves" en la actualidad en el momento en que los ciudadanos "no pueden hacer frente" a la hipoteca y el banco "embarga" la vivienda y se realiza una nueva tasación.
En este sentido, afirmó que, "curiosamente", la nueva tasación es realizada por la "nueva entidad tasadora" de la que, en muchos casos "es propiedad la entidad financiera y se hacen con unas bajas de un 40 por ciento". "Esto es muy sospechoso ya que los organismos públicos hacen diversas estadísticas que dicen que el valor de la vivienda se depreció en el último año un 9 por ciento" señaló Bouza, quien añadió que "no se corresponden estos datos públicos con las tasaciones a nivel privado".
El senador nacionalista señaló que "no es de recibo" que ante esta situación actual de crisis económica se tomen medidas fiscales como el "incremento" de impuestos como el aumento en el precio de la gasolina y apuntó que "no es un vicio consumir gasolina o gasóleo", sino que "es una necesidad" para los ciudadanos que deben utilizar el coche como instrumento de trabajo.
En su intervención, incidió en que, mientras esta medida "perjudicará" a las clases más desfavorecidas, el Gobierno suprime el impuesto de patrimonio que "pagaban" las "grandes fortunas" y que suponía una recaudación de 1.800 millones de euros que el Gobierno "decidió dárselo a las clases altas".
Por ello, solicitó la comparecencia de la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, para que explique "en base a qué criterios" se adoptan estas medidas fiscales en una situación de crisis económica.
