SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Entre el 83,7 por ciento y el 70.1 por ciento de los gallegos actúan cuando creen que sus derechos están siendo vulnerados en función del tipo de problema vivido, aunque el 53,6 por ciento reconoce "que no sabe a quien debe acudir" para recibir asesoramiento legal, según los datos del III estudio ARAG.
Según concluye dicho informe, realizado a través de 4.400 entrevistas telefónicas, el ciudadano gallego es "bastante más combativo" que la media del Estado --entre un 60 y 80%-- y tiene "una mayor sensibilidad en la protección de derechos", además de constatar un aumento de los casos y de las reclamaciones "desde hace dos años" a raíz de la crisis económica.
Por tipologías, "casi uno de cada dos" gallegos --48,6%-- manifestaron tener problemas legales relativos al consumo; un 24,8 por ciento de tipo laboral; un 24,1 por ciento en materia de automoción; y un 21,2 por ciento en el ámbito de la vivienda.
A pesar de esta actitud reivindicativa del ciudadano medio gallego, la "desorientación legal" provoca que, aunque se reclame, "muchas de las medidas adoptadas no sean eficaces" y que genera resultados desiguales en función del área.
En vivienda y laboral, se toman medidas correctas en un 42,4 por ciento y en un 53 por ciento respectivamente, mientras que en consumo --16,3%-- y en automoción --27%-- el nivel de eficacia disminuye.
Además, aunque el 56 por ciento de los gallegos asume que recurrir a un abogado es la mejor opción --junto a un 31,4% que aboga por instituciones, sindicatos y organizaciones sociales--, "muchos ciudadanos creen que los abogados sólo deben utilizarse en casos graves" y "no en problemas cotidianos", por lo que asocian la defensa de sus derechos "con un proceso judicial".
CUARTA COMUNIDAD EN BAJAS LABORALES
Por otro lado, Galicia es en la actualidad "la cuarta comunidad" que registra más bajas laborales, que representan un 8,8% y se sitúa dos puntos por encima de la media estatal.
Precisamente, un 52 por ciento de los encuestados manifestaron que este tipo de procesos "afectan a su vida cotidiana", ya que "duermen peor, están irritables y tienen menor capacidad en su trabajo".
Además, es "la segunda comunidad tras Madrid con más problemas laborales" y, de los gallegos que se implican en este ámbito, un 30,9 por ciento recurre a asesoramiento a través de sindicatos. En vivienda, aproximadamente el 50 por ciento recurre a gestores o asesorías; mientras que en materia de consumo se recurre más a instituciones u organizaciones sociales. PERFIL Y PROBLEMÁTICA
La mayoría de los gallegos que manifestaron tener algún problema legal eran fombres de entre 25 y 49 años, en activo, residentes en zona urbana y con estudios superiores. Además, este sector poblacional se ve reducido a la población masculina de entre 18 y 24 años en materia de conducción y automóvil (por infracciones o sanciones).
En el ámbito del consumo, la mayoría de los problemas que tienen los gallegos son de telecomunicaciones o informática (33,1%) y asistencia sanitaria (19,4%), que se sitúa cinco puntos por encima de la media del Estado.
En vivienda, los conflictos registrados tienen su origen en problemas vecinales relacionados con el ruido o la higiene (11,9%) o con la comunidad de propietarios (10,4%); mientras que en materia laboral, las reclamaciones son a raíz de prestaciones (13,3%) o por condiciones laborales (14,4%)