SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
CIG-Ensino ha arrancado una campaña de recogida de firmas para conseguir mejoras salariales, laborales y sociales en los centros de reforma juvenil y protección de menores bajo el lema 'Por un Convenio Galego'.
En los últimos años, explican en un comunicado, el personal de los centros de trabajo, privados y de gestión indirecta, que atienden a menores en riesgo y/o en conflicto social, sufre "una involución drástica" de sus condiciones salariales, laborales y sociales, derivada de lo "precario" de los contratos-convenios con la Consellería de Política Social, de la falta de recursos, de los recortes en las reformas laborales, de los acuerdos regresivos y de contención salarial del 'Pacto Social' y de la "pérdida de derechos continuada en salarios", así como de la falta de avances laborales y sociales en los últimos convenios de Ámbito Estatal de Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores.
Afirman que estos recortes e involuciones afectan "negativamente" a las condiciones salariales y laborales de su personal, "algunos de ellos con congelaciones salariales de casi 10 años"; a la prestación de un servicio de calidad, "con ratios abusivas de otras épocas y con plantillas muy justas en las que no se cubren muchas de las veces bajas laborales o vacaciones", y a la supervivencia o continuidad de las entidades que los gestionan, en su mayoría organizaciones sin ánimo de lucro.
DEMANDAS
Ante esta situación, exigen que la Xunta asuma "en su totalidad" la gestión de los servicios de estos centros como centros públicos a todos los efectos, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal actual.
"Mientras esto no se lleve a cabo, demandamos el incremento de las partidas presupuestarias para el sector y que los centros reciban las subvenciones necesarias para prestar el servicio con un mínimo de calidad, mejorar la situación de los usuarios y las condiciones de trabajo del personal", agregan.
Asimismo, instan a la Administración gallega a poner en marcha los mecanismos necesarios para hacer seguimiento de las subvenciones recibidas por este tipo de centros.
Avanzan además que están "dispuestos" a iniciar un proceso de movilizaciones para exigir el cumplimiento de estas demandas.
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