La CIG pide a la Xunta que intervenga en el Ayuntamiento de Dozón por el acoso moral "continuado" a una funcionaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CIG urgió hoy a la Xunta que intervenga en el Ayuntamiento de Dozón (Pontevedra) por la situación de acoso moral continuado a una funcionaria del consistorio, haciendo uso de la Ley de Administración Local, para que finalice "de una vez por todas" la situación que sufre esta trabajadora y otros compañeros.

En rueda de prensa, la afectada, Ana Lois Navaza, calificó de "positiva" la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra al respecto porque "reconoce" como hechos probados que el inicio de la situación se remonta a las elecciones municipales de 1999, cuando fue incluida en la lista electoral del BNG en el citado ayuntamiento.

En este sentido, comentó que "hay multitud" de resoluciones y órdenes de trabajo de la alcaldía que fueron recurridas y son estimatorias de sus prestaciones, declarándolas "nulas" por "ser contrarias a derecho y constitutivas de desviación de poder".

La afectada recordó que en 1999 decidió participar en la candidatura "alternativa" del BNG, cerrando "de manera testimonial" la lista, y comenzó la "tensa relación" con el alcalde de Dozón, el popular Adolfo Campos, quien, aseguró Ana Lois, "consideró alta traición que fuera en otra formación".

36 SENTENCIAS

Ana Lois Navaza recordó que desde que sufre acoso laboral ya se han dictado 36 sentencias al respecto y precisó que pasó por siete cambios de horario en ocho meses y le abrieron cuatro expedientes disciplinarios. "Todo lo pierde en los juzgados", matizó la funcionaria.

El fallo emitido por el Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra reconoce la demanda interpuesta por la afectada frente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el 6 de mayo de 2005 y el Ayuntamiento de Dozón, que deberá abonar el 50% de recargo sobre las prestaciones por incapacidad temporal percibidas hasta el último proceso "por falta de medidas de seguridad".

Aunque la afectada valoró el fallo, lamentó que sea el ayuntamiento quien tenga que hacer frente a los pagos "con fondos públicos", cuando "la responsabilidad recae sobre el alcalde directamente".

La afectada, que está bajo tratamiento psiquiátrico desde hace cinco años, denunció que, desde que se presentó en la candidatura del BNG, no le permiten desempeñar su trabajo y pasa las siete horas y media de su jornada laboral en el consistorio "leyendo un libro o jugando con el móvil".

CRÍTICA A LA FISCALÍA

Asimismo, la CIG criticó el "triste" papel que realiza la Fiscalía de Pontevedra porque, a pesar de las sentencias y los fallos judiciales, "no sólo no actúa sino que impide que se apliquen o no se persona y solicita el archivo de las diligencias de la querella por desacato de sentencias, prevariación continuada y lesiones".

Al respecto, Ana Lois tachó de "vergonzosa" la actuación de la Fiscalía de Pontevedra en lo referido a la citada querella criminal contra el alcalde de Dozón, puesto que el fiscal determinó el archivo del expediente "porque no ve indicios de delito". No obstante, valoró la actuación de la jueza de Lalín "que hizo caso omiso" y trasladó las diligencias al Juzgado de los Penal de Pontevedra.