CIG presentará una enmienda a la totalidad y 37 parciales al proyecto de Ley de Convivencia, "exigiendo su retirada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG-Ensino pedirá la "retirada" del borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia y participación del sistema educativo en el Consello Escolar de Galicia, donde presentarán una enmienda a la totalidad y 37 parciales a la norma que pretende "dar cobertura" a la realización de consultas a las familias y "reforzar" la autoridad del profesorado gallego.

El Consello Escolar de Galicia, cuya opinión no es vinculante en la toma de decisiones del Gobierno gallego, abordará la nueva propuesta de la Consellería de Educación el próximo 28 de enero, aunque este martes finalizaba el plazo de presentación de alegaciones por parte de los miembros del pleno, entre los que se encuentran representantes sindicales del profesorado, de los centros de enseñanza o de las ANPAs.

En rueda de prensa, el secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha confiado "en ganar la votación" en el CE aunque admiten "no tener mucha esperanza" de que la Consellería asuma un rechazo a la norma. "Hasta ahora, ninguna de las enmiendas a la totalidad fueron asumidas", recuerda el portavoz sindical.

En caso de producirse esta situación, la central sindical presentará más de 37 enmiendas parciales que "desfigurarán tanto la norma" que "será otra" diferente a la propuesta por la Xunta. Además, celebrarán "más de 1.200 asambleas en todos los centros" para informar al profesorado, trasladarán "resoluciones" en los diferentes Consellos Escolares y "no se descarta llevar a cabo movilizaciones" si la Ley sale adelante.

"QUIEN HACE LA LEY HACE LA TRAMPA"

Louzao ha denunciado que "la base primordial" de la norma es "dar cobertura legal" a la consulta a las familias y "dar potestad" a los padres para que "fijen el idioma vehicular de las materias", ya que el grueso del texto "tendría cabida en reglamento por decreto".

Así, recuerda que el Consello Consultivo había considerado "ilegal" la realización de este tipo de consultas ante la "falta de cobertura legal", pues "debe ser la Administración educativa" la que fije la lengua de las asignaturas. "Quien hace la Ley hace la trampa", critica Louzao.

Por otro lado, ve "irónico" que se proponga una Ley que pretende "valorar" y reconocer el trabajo del profesorado "sin escuchar" a la comunidad escolar, pues el texto se ha trasladado al Consello Consultivo y al Observatorio de la Convivencia "sin negociarse en la Mesa Sectorial", sin "ningún debate" previo y fue presentado en periodo estival. "Así lo hizo en su día con las bases del decreto", Recuerda Louzao.

VISIÓN "ALARMISTA"

Respecto a aspectos concretos de la norma, la CIG-Ensino considera que está "fundamentada en criterios colectivos represivos, no formativos" y propios "de los sectores más extremistas del PP", pretendiendo "trasladar a la sociedad" gallega "un modelo totalmente reaccionario" y así "judicializar el sistema educativo".

De este modo, la norma se centra en la problemática de la conflictividad escolar en Galicia a pesar de su "baja intensidad" y "sin dar alternativas para la mejora de atención a la diversidad", para señalar que "en 10 años" la media de expedientes al alumnado "no alcanzó el 0,3 por ciento".

"El PP está realmente interesado en trasladar una visión alarmista", considera Louzao. En contraposición, recuerda que en el programa electoral de los populares se recogían propuestas que no incluye el texto de la norma, como la reducción al 10 por ciento del fracaso escolar, la caída al 8 por ciento del abandono o la reducción de alumnos por aula.

El sindicalista de la CIG ha instado a adoptar medidas "desde una perspectiva educativa" a través de una enseñanza más personalizada, mayor dotación de profesorado, desdobles en grupos de alumnos y reducción de ratios.

De este modo, ha exigido a la Consellería "que se abra un debate amplio" de cara a la elaboración de una Ley del sistema educativo gallego y se retire esta "propuesta disparatada" cuyo único objetivo es "dar cobertura legal a algo que el Consello Consultivo dijo que era ilegal".