Concluye que el proyecto contenía "carencias causadas por la precipitación" y defiende la actuación de la actual consellería
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación sobre la Vía do Salnés concluye que la Consellería de Política Territorial, cuando la Xunta estaba gobernada por el PPdeG, es la responsable del deterioro de la infraestructura, tanto por su decisión de cambiar los tubos de drenaje como por la "escasa conservación" a la que fue sometida durante los 13 años que permaneció abierta hasta su derrumbe, en 2006.
Así se recoge en el dictamen elaborado por este órgano parlamentario, al que tuvo acceso Europa Press y en el que se recoge que "hay coincidencia --entre los comparecientes-- en que hacer responsables a los técnicos y cargos intermedios de decisiones que rebasan las responsabilidades técnicas es un error". Por ello, infiere que la orden de cambiar los tubos de hormigón por otros de acero "no fue técnica y provenía de la cúpula" de este departamento.
La comisión de investigación se puso en marcha el pasado mes de marzo con el objetivo de averiguar las causas del deterioro de la vía, y plasmarlas en dictamen antes de que acabe este año. Las más de 20 comparecencias acabaron a mediados de octubre, entre las que destaca la del titular de Política Territorial durante la gestación y realización del proyecto, Xosé Cuíña. Según confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press, las conclusiones serán debatidas en comisión, tras lo que se abordarán en uno de los últimos plenos de este periodo de sesiones.
Además, el texto recuerda que Xosé Cuíña "admitió su responsabilidad política en el colapso de vía", aunque otros ex altos cargos atribuyeron la sustitución de los tubos al director de obra, José Luís Rodríguez. No obstante, los técnicos consultados señalaron que éste "no es quién para decidir el cambio". "Parece evidente que fueron criterios de tipo político lo que pesaron sobre las cautelas técnicas", sentencia el dictamen.
CAMBIO SIN JUSTIFICACIÓN.
En esta línea, desde los sectores profesionales se pone de manifiesto que el proyecto de una obra "no debe ser modificado si no es en circunstancias extremas que impliquen mejoras". Según el dictamen, en el proceso de ejecución se produjo una modificación --el cambio de los tubos-- "sin mediar ninguna justificación técnica" y, además, revela que sólo se incluyó en el proyecto constructivo de uno de los tramos, aunque se aplicó en los tres en construcción.
Así, las conclusiones consideran acreditado que la instalación de los tubos de acero, que lleva menos tiempo que la de los de hormigón, se decidió para "agilizar la ejecución de las obras", pero juzgan "muy discutible" que este argumento sea suficiente para realizar la variación. También reprueba que los costes fuesen los mismos, cuando los tubos nuevos son más baratos.
Al margen del procedimiento administrativo, se refieren a los informes encargados por la actual consellería a la empresa de control de calidad Enmacosa, en los que se concluye que "el 95 por ciento de los tubos de acero no se podrían haber colocado", atendiendo a criterios técnicos. Justifica esta afirmación en que, para usarlos, deberían haberse dotado de medidas de protección especial para evitar la corrosión y la abrasión, algo que no se hizo.
PRECIPITACIÓN DEL PROYECTO.
Asimismo, el texto redactado alerta de "carencias significativas" ya en el proyecto inicial, y las achaca "a la precipitación" con la que fue realizado. Una de ellas es la ausencia de los cálculos hidráulicos de las obras de drenaje, que "deberían ser determinantes", ya que advertirían de que no se podían utilizar los tubos que finalmente se instalaron.
Por otra parte, también se hace alusión al mantenimiento de la vía y incide en que los comparecientes "hicieron hincapié en la escasa atención que se prestó al control del estado de los drenajes y a su conservación en general". "Si no se detectaron antes las deficiencias fue debido a que no se hizo el mantenimiento adecuado", según el decano del Colexio de Enxeñeiros de Galicia.
En este sentido, se pone de manifiesto que "no existe un histórico de conservación" de la carretera, y que la empresa que asumió en 2003 la responsabilidad del mantenimiento reconoce que "no se realizaron inspecciones ni ensayos de auscultaciones en los tubos".
El dictamen relata, en dos ocasiones, que en noviembre de 2004 sucedieron tres accidentes en el mismo punto kilométrico de la vía en 24 horas y asegura que los servicios de emergencia, "apuntaron la teoría de que esta zona no drenaba bien". Este extremo fue negado por Política Territorial que, tal y como recuerdan las conclusiones, de aquella estaba dirigida por el actual líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.
OBRAS DE DESDOBLAMIENTO.
Por otro lado, se aduce que las obras de desdoblamiento para la conversión de la vía en autovía, actualmente en ejecución, "no tuvieron ninguna influencia en el hundimiento", ya que éstas sólo implicaron "actuaciones blandas sobre el territorio", como desbroces de márgenes y limpieza de calzadas.
De este modo, en las conclusiones se defiende la actuación de la actual cúpula de la consellería, que decidió el corte de la vía durante cinco meses, con el fin de sustituir todos los tubos de acero galvanizado por unos de hormigón, con un coste de más de ocho millones de euros. "Política Territorial le dio prioridad a la seguridad de los usuarios sobre cualquier tipo de consideraciones, en particular las economicistas", se remarca.
En este sentido, cree avalado por los comparecientes que ésta era "la opción técnicamente más segura", ya que no existían "alternativas que garantizasen la ejecución de las obras al tiempo que se utilizaba la carretera". Además, en el dictamen también se recogen las actuaciones realizadas por valor de 2,3 millones en las vías que, debido al corte, tuvieron que soportar más tráfico del habitual.
En el último punto de las conclusiones, además de dictaminar la atribución de responsabilidades políticas y de exigir más atención sobre la conservación de las vías gallegas, se reprueba el "absoluto abandono del deber de custodia" sobre la documentación relativa a este proyecto, y se culpa tanto a la anterior Xunta como a las empresas que intervinieron.
Asimismo, se considera necesario que la Administración "intensifique el esfuerzo de planificación de las obras públicas y de sus presupuestos y plazos de ejecución", ya que todo el proceso "suele durar más de una legislatura". "No deben acelerarse aquellas fases (elaboración del proyecto y ejecución de la obra) que más pueden incidir en detrimento de la calidad de la obra pública", sentencia.
