La Comunidad de Montes de Tameiga denuncia ante Fiscalía al presidente del Celta y la alcaldesa de Mos

Publicado 28/11/2019 20:01:11CET
Carlos Mouriño Celta
Carlos Mouriño Celta - RC CELTA - Archivo

   La entidad considera que el mandatario celeste y la regidora popular pudieron incurrir en delitos de cohecho y prevaricación

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Comunidad de Montes de Tameiga ha denunciado ante Fiscalía un posible delito de prevaricación y cohecho cometido por el presidente del Real Club Celta de Vigo, Carlos Mouriño, y la alcaldesa de Mos, Nídia Arévalo, en la firma del convenio para la construcción del centro comercial que contempla la ciudad deportiva del club de fútbol vigués.

   Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Comunidad de Montes, los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público el pasado miércoles.

   Solicitan que que investigue si los términos del convenio, validado posteriormente en sesión plenaria del ayuntamiento, constituyen una infracción del artículo 404 del Código Penal y de la Ley del Suelo del Galicia.

   La comunidad, que asegura que la denuncia se centra en la construcción del centro comercial y no en la ciudad deportiva del Celta, asegura que el club y el ayuntamiento "omitieron" en el convenio que la ley establece que para desarrollar un plan, los promotores deben poseer el 50 por ciento de los terrenos.

   "En el convenio firmado se comprometen a recalificar 1 millón de metros cuadrados, pero la parte que va a desarrollar el plan no es poseedora de los terrenos", señalan fuentes de la entidad denunciante, que recuerda que la mitad de la superficie en la que se asienta el proyecto es propiedad de la comunidad y el resto, de particulares.

   Este sábado, el Real Club Celta celebrará el acto de colocación de la primera piedra de la ciudad deportiva, un proyecto que ha generado rechazo social entre los comuneros del área metropolitana de Vigo, que cuentan con el respaldo de los grupos de la oposición en Mos y en el Parlamento gallego, que tachan el plan de "pelotazo urbanístico".

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