Una concejala del PP se considera víctima de una "persecución política" por el gobierno coaligado de Pontevedra

PONTEVEDRA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Usuarios del Mercado de Abastos de Pontevedra, Begoña Laya, atribuyó a una "persecución política" por su condición de concejala del PP el juicio al que hoy fue sometida, por un incidente registrado en la Plaza de Abastos.

Ocurrió el pasado 14 de febrero cuando el vigilante municipal del Mercado, Juan José Iglesias Miñán, solicitó la presencia de la Policía Local al advertir la presencia de un cliente que estaba fumando, apenas un mes después de que entrase en vigor la normativa antitabaco.

Los agentes procedieron a la identificación del fumador y esto provocó una airada reacción de las vendedoras, entre ellas la presidenta de la asociación Begoña Laya, que arremetieron verbalmente contra el vigilante al estimar que se excedió en sus funciones y que no era una forma correcta de tratar a un cliente.

MALAS RELACIONES

Hoy en el juicio tanto la acusada como las testigos, todas vendedoras del mercado, reconocieron la mala relación que ya mantenían antes de este incidente con el vigilante, a quien acusan de "persecución y acoso".

Entienden que "desempeña sus funciones con exceso de celo y una prepotencia que resulta atosigante" según explicaron a preguntas del abogado defensor, el letrado de la Diputación Provincial , Bernardo Sartier.

Por contra los testigos de la acusación particular, funcionarios municipales que aportó el abogado del Ayuntamiento capitalino, Javier Munáiz, corroboraron la declaración del vigilante asegurando que "se limita a cumplir con su obligación".

LIBRE ABSOLUCIÓN

La Fiscal, tras destacar el abierto enfrentamiento entre dos bandos claramente diferenciados, solicitó la libre absolución argumentando que todas las declaraciones estaban "totalmente mediatizadas, y no quedó probada la acusación de que Begoña Laya insultó al vigilante del mercado.

Por su parte el abogado de la acusación particular solicitó que se le imponga una multa de 500 euros, "ya sea por atentado, por ultraje a la autoridad o por desorden público", cualquiera de esas calificaciones le vale para castigar a Begoña Laya por "llevar la voz cantante en lo que calificó como una especie de motín".

Al finalizar el juicio la concejala manifestó que llegará "a donde haga falta defendiendo la verdad y a los vendedores del mercado", y anunció que como presidente de la Asociación de Usuarios pedirá el traslado del vigilante municipal. "La convivencia con la crispación es inviable", señaló.