La reforma de la Función Pública incluye medidas para conciliar la vida familiar y laboral y asegura el traslado de víctimas de maltrato
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Xunta de Galicia aprobó hoy una reforma de la Ley de Función Pública que reduce las posibilidades de nombrar puestos de libre designación y apuesta por un funcionariado "más profesionalizado" a partir de una selección que responda a criterios "más objetivos", sin perjuicio de la preparación para desempeñar un determinado puesto.
En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, aclaró que las modificaciones incluidas son "puntuales", puesto que el sistema en su integridad está pendiente de la conclusión del Estatuto del Personal de la Función Pública en el Estado.
Sin embargo, consideró que las pautas incluidas "contribuyen a modernizar" la Función Pública en la comunidad, con medidas que incluyen desde el impulso de la conciliación de la vida familiar y laboral a criterios de evaluación del trabajo de los funcionarios y de la calidad de los servicios públicos.
Además, informó de que, en el objetivo de reducir los puestos de libre designación, "prácticamente se elimina" la posibilidad de recurrir a este tipo de nombramiento en los niveles 28, de los que actualmente hay unos 800 en la Administración, si bien no todos ellos fueron elegidos mediante este procedimiento.
De igual modo, el texto elaborado por la Consellería de Presidencia elimina la libre designación en las jefaturas de servicio, salvo casos "debidamente justificados", al tiempo que refuerza la promoción interna como un instrumento básico en la motivación y la capacitación de los empleados públicos.
DIFICULTADES
No obstante, la Xunta tiene ante sí las dificultades derivadas de los nombramientos por este mecanismo que heredó del Gobierno de Manuel Fraga y que suman unos 1.300. El propio conselleiro, José Luis Méndez Romeu, anunció que, en una primera tanda, su Gabinete aspiraba a reducirlos a unos 450 y, para ello, la ley establece que los que ocupasen estos puestos antes de la entrada en vigor de la ley y que posteriormente dejasen de estarlo seguirán en los mismos cargos hasta su cobertura.
El bipartito responde de esta forma a las críticas que lo acusaban de continuar con las "prácticas discrecionales" de la época del PPdeG e, incluso, establece que podrá disponer el cese de estos cargos antes incluso de la provisión de la plaza. En este caso, la vacante se podrá cubrir con otro empleado público de forma provisional, mediante adscripciones o comisiones de servicios, que concluirán cuando se provea definitivamente la plaza.
EVALUACIÓN ANUAL
A mayores, la Xunta desarrollará cada año un programa de evaluación de la calidad y la eficacia de los funcionarios, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios públicos y garantizar la satisfacción de los ciudadanos ante su trabajo.
Además, la reforma aprobada abre la vía para convocar pruebas de acceso exclusivamente en gallego en aquellos puestos que requieran un "especial conocimiento" de la lengua y promueve la buena gestión de la estructura administrativa a partir del empleo por parte de los responsables públicos de los datos derivados de la gestión, la implicación en procesos innovadores y de buenas prácticas a favor de la excelencia, así como la normalización y racionalización de los procesos.
Una vez evaluados, los resultados serán objeto de un informe anual que elaborará la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación de las Políticas Públicas de la Consellería de Presidencia, que posteriormente se trasladará a un Observatorio de Calidad y a las comisiones constituidas por la Xunta para este proceso.
A continuación, la Administración desarrollará un programa de reconocimientos para las iniciativas más destacadas, al tiempo que tendrá en cuenta la evaluación para adoptar medidas de incentivación de los trabajos; todo ello, según el borrador de Presidencia, bajo criterios "objetivos, de transparencia, imparcialidad, no discriminación y participación sindical".
OTRAS APUESTAS
Además, para acceder al funcionariado, la Xunta establecerá pruebas selectivas de acceso exclusivamente en gallego en aquellos puestos que requieran de un "especial conocimiento" de la lengua y sin perjuicio de otras pruebas adicionales y, en todo caso, a mayores de la obligación de demostrar el conocimiento que ya establecía la normativa de 1998.
A mayores, y con el objetivo de reducir la temporalidad, la Administración desarrollará, por una sola vez, un proceso selectivo de carácter extraordinario para sustituir empleo interino o temporal por empleo fijo. Este procedimiento afectará a las plazas cubiertas antes del 1 de enero de 2005 y que sigan temporal o interinamente cubiertas en el momento de la convocatoria.
Las pruebas estarán relacionadas con las funciones habituales de los puestos objeto de la convocatoria y se podrán valorar, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia, si bien sólo será una puntuación proporcionada, que no determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo.
Además, la Xunta se compromete a convocar los concursos con una periodicidad anual, así como a resolverlos en seis meses, para lo que garantizará medios materiales y personales que permitan estos plazos y aseguren la resolución eficaz de los procedimientos.
ATENCIÓN SOCIAL
Por otra parte, la ley establece mejoras para conciliar la vida familiar y laboral, con numerosas novedades que amplían los permisos y las condiciones para solicitar licencias, días libres, vacaciones y excedencias, así como traslados. Para ello, prevé la flexibilización de los horarios, las excepcionalidades relacionadas con la adopciones internacionales y la ampliación de las libranzas por paternidad.
Además, presta una atención especial a las víctimas de la violencia de género, que se beneficiarán, entre otras cosas, de un trato preferente en casos de traslados y movilidad geográfica; de la posibilidad de solicitar excedencias sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y con seis meses con derecho a la reserva del puesto de trabajo; o la justificación de las ausencias del trabajo por el tiempo y las condiciones que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud.
