Dependencia.- El BNG enmendará la ley para que recoja "el espíritu" del acuerdo entre Vicepresidencia y Trabajo

Actualizado: viernes, 16 junio 2006 16:01

Reivindica las competencias de las CCAA sobre los servicios sociales y que el cuidador familiar sea "el último recurso" en la atención

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG presentará más de 162 enmiendas parciales al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y de dependencia para "mejorarla" en el trámite parlamentario y, entre otras cuestiones, aspira a que se recoja "el espíritu" del acuerdo alcanzado entre Vicepresidencia de la Xunta y el Ministerio de Trabajo.

La diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila explicó hoy, en Santiago de Compostela, que su grupo decidió no hacer una enmienda a la totalidad como consecuencia del convenio firmado en su día entre el vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Añadió que el BNG hace enmiendas parciales que, en distintas cuestiones, recogen el "espíritu" de ese acuerdo, por lo que espera que sean aceptadas. También confió en poder transaccionar otras y que algunas se incorporen aunque sea con otra formulación.

Fernández Dávila declaró que su grupo entiende que la futura ley es "importante desde el punto de vista social" y "una necesidad imperiosa" para la sociedad con el fin de atender a las personas dependientes. Por ello, calificó como "muy positivo" que el Gobierno central presentase una ley de esta característica, pero indicó que "el texto propuesto puede mejorarse".

CAMBIOS EN DENOMINACIONES

Según el BNG, lo primero que defienden es un cambio en la denominación del texto y proponen que pase a llamarse de Ley integral para la promoción de la autonomía personal y la dependencia. Añadió que otra enmienda irá encaminada a modificar el nombre del Sistema Nacional de Dependencia por el de Sistema Integral de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.

La diputada nacionalista gallega explicó también que la futura Ley de Dependencia, con excepción de las pensiones, hace alusión a servicios sociales. Por ello, avanzó la enmienda de su grupo para que la norma "garantice las competencias de las comunidades autónomas" sobre estos servicios. Al respecto recordó "los acuerdos políticos" entre Vicepresidencia y el ministerio y defendió que estos "tengan rango de ley".

Otra de las cuestiones que el Bloque quiere que se mejore en la ley, que además está vinculado al reconocimiento de las competencias en servicios sociales para las comunidades, es que nos se derive a un nuevo organismo como el Consejo Territorial de la Dependencia la labor de coordinación en la materia entre Estado y competencias, sino que esa función sea asumida por la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales --que ya existe--.

Olaia Fernández Dávila explicó también la presentación de otro grupo de enmiendas con el objetivo de que la futura Ley de Dependencia establezca que "el Estado es el responsable de garantizar la suficiencia financiera del sistema, a través de los presupuestos generales del Estado". Asimismo, defendió que se fije que el Estado deba revisar bianualmente con cada comunidad autónoma los acuerdos de financiación alcanzados.

DERECHO DE ACCESO A SERVICIOS

La diputada del BNG en el Congreso indicó también que su grupo apuesta por el reconocimiento para las personas con dependencia de la prestación de "un servicio universal". Tras esta precisión, señaló que se presentan enmiendas relativas a la matización y ampliación del catálogo de servicios, con el fin de ampliar la actual cartera de servicios también en el ámbito de la promoción de la autonomía personal.

Fernández Dávila también declaró que su grupo entiende que las prestaciones económicas que se concedan "no pueden ser incompatibles con el uso de un servicio público", además de defender que el derecho a percibir un servio "no puede estar condicionado por las condiciones económicas de la persona que lo necesita". Añadió que lo que hay que hacer es evaluar la situación económica a la hora de decidir la cuantía de las prestaciones.

REMUNERACIÓN A FAMILIARES CUIDADORES

Otra enmienda es la que se refiere a la remuneración a los familiares cuidadores, ya que el BNG propone que "debe ser de carácter excepcional" porque esta opción de atención a una persona con dependencia "debe ser el último recurso" cuando no pueda recibir asistencia especializada prestada por la Administración.

La diputada del BNG manifestó que a su grupo "le preocupa" que esta prestación derive en que las mujeres, que tradicionalmente asumen el papel de cuidadoras de los familiares, acaben relegadas a esta función y tengan que abandonar sus trabajos bajo el refuerzo de que "se les va a pagar por ello".

Reconoció que ya hay muchas personas, en su mayoría mujeres, que están desarrollando esta labor y que "es de justicia que esté remunerado" como reconocimiento a su esfuerzo y para asegurarles su acceso a la Seguridad Social y a condiciones laborales "en las mismas condiciones que los cuidadores profesionales".

No obstante, advirtió de que el BNG quiere que la ley "deje claro" que los cuidadores familiares tengan "una perspectiva de igualdad de género" y "evitar que la norma sea que el cuidador sea un familiar". La diputada nacionalista gallega opinó que la Ley de Dependencia "refuerza el derecho" al acceso a servicios --de teleasistencia, centros de día, ayuda a domicilio y otros-- y que el que una persona dependiente sea atendida por un familiar "tiene que ser el último recurso" porque "no pueda ser atendido" por los servicios de las administraciones.

También apuntó que la persona con dependencia debe tener derecho a elegir quien va a ser su cuidador entre su entorno familiar, de amigos o de cuidadores profesionales.

PLAZOS DE TRAMITACIÓN

La diputada del BNG detalló que el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de Ley de Dependencia concluye este martes y estimó que, salvo que se habilite el mes de julio, el debate se desarrollará entre septiembre y diciembre. Recordó que la ley está previsto que empiece a aplicarse a partir de enero y, por ello, calculó que el texto saldrá en octubre del Congreso y a finales de noviembre del Senado.