Dependencia.- Caldera reconoce a las CC.AA. y partidos que la ley "es mejorable" y reclama consenso

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció hoy en el Senado que el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia "es mejorable", y reclamó a comunidades autónomas y partidos políticos que sumen sus esfuerzos de cara al consenso.

Caldera compareció en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a petición del Grupo Parlamentario Popular. En nombre de este grupo, las senadora, Belén Do Campo, advirtió al Ejecutivo de que esta norma llega al trámite parlamentario, "sin consenso" y "sin un modelo de financiación estable". La Ley comienzará en los próximos días ahora su trámite en el Congrso de los Diputados.

En su comparecencia, el ministro recordó que el Gobierno destinará un total de 12.638 millones de euros para poner en marcha el futuro sistema en los próximos ocho años y que las autonomías ya han recibido este año 200 millones para preparar su entrada en vigor en 2003.

Caldera, advirtió de que el proyecto se ha redactado en base al acuerdo con los interlocutores sociales, la Federación Estatal de Municipios y Provincias, así como de instituciones implicadas como el CERMI o el Consejo de la Discapacidad.

Dicho esto reclamó el apoyo de grupos como PP, CiU y PNV (actualmente solo tiene el respaldo explícito de IU-ICV y ERC) y se mostró dispuesto a incorporar enmiendas en el trámite parlamentario, como la "reafirmación del carácter subjetivo", explicitando su definición y la norma, así como el reconocimiento del acceso a los menores de tres años, con ayuda domicilio y prestaciones económicas.

Por otro lado, aseguró que se analizarán las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los españoles no residentes en España, a través del futuro Estatuto de los Españoles Residentes en el Extranjero. Asimismo, se prevé la atención a los inmigrantes retornados.

COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Caldera dedicó también parte de su discurso a reclamar el respaldo de las comunidades autónomas. En este sentido, recordó que el proyecto de Ley cuenta con una valoración positiva del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, y aseguró que el Estado tiene capacidad suficiente para intervenir en esta materia y regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el acceso a los derechos constitucionales.

Por otra parte, señaló que la Constitución avala el establecimiento de un régimen de colaboración de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, entre ellas la financiación de las prestaciones. "Dentro del respeto de competencias de unos y otros se favorece la cooperación mutua para satisfacer el derecho de los ciudadanos", subrayó

En conclusión, el ministro emplazó a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios a "sumar esfuerzos para que los ciudadanos en situación de dependencia tengan la atención que merecen". "Podemos y debemos trabajar conjuntamente para que esta ley y su desarrollo constituya un marco de convivencia en el que todos nos sintamos cómodos, porque los ciudadanos españoles tienen unas expectativas que no podemos ni debemos defraudar", concluyó.

SIN DEFINIR CUESTIONES FUNDAMENTALES

La portavoz de Asuntos Sociales del PP en el Senado, por su parte, advirtió de que el anteproyecto de Ley "deja sin definir cuestiones fundamentales" para la implantación del futuro Sistema Nacional de la Dependencia: el tipo de derecho que se crea, a quién va destinado, cómo se hará efectivo, cómo se financiará, y qué aportaciones deberán realizar los usuarios.

El PP entiende que la Ley es "conveniente y positiva", pero cree que en la actualidad "no hay modelo financiero definido, ni estable, ni suficiente. Para los 'populares', la financiación debe tener en cuenta criterios como la población dependiente, el envejecimiento, al dispersión poblacional, los datos sobre enfermedades crónicas, la mortalidad y las infraestructuras disponibles en las comunidades autónomas.

"Con esta Ley no se está garantizando ni la igualdad de los ciudadanos, ni la equidad, ni la solidaridad interterritorial", asertó la portavoz del PP. Así, insistió en que la Ley no concreta tampoco las prestaciones y servicios a las que se podrá acceder, quedando el contenido de la cartera de servicios pospuesto a futuros reglamentos.