Dependencia.- El Gobierno aportará gradualmente 12.638 millones hasta 2015 para consolidar el sistema

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, adelantó hoy que el Gobierno aportará 12.638.197.811 euros desde 2007 hasta 2015 para consolidar el Sistema Nacional de Dependencia. La aportación, que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, se hará gradualmente y servirá para la financiación del contenido básico del derecho, así como para la ampliación del mismo mediante convenios de cofinanciación con las comunidades autónomas.

De este modo, el Estado aprotará en 2007, cuando el sistema empiece a funcionar, 400 millones de euros; que ascenderán a 678,6 millones en 2008; 979,3 millones en 2009; 1.160,3 millones en 2010; 1.545,4 millones en 2011; 1.673,8 millones en 2012; 1.876 millones en 2013; 2.111 millones en 2014; y 2.212 millones en 2015, cuando el Gobierno prevé que el Sistema esté plenamente implantado.

La propuesta del Ejecutivo se basa también en que las comunidades hagan una aportación similar para la consolidación del sistema. De este modo, Caldera estimó que en 2015, el coste total será de un 1 por ciento del PIB, algo más de 9.000 millones de pesetas, de los que algo más de 2.000 ya se están aportando hoy. "Comunidades autónomas y ayuntamientos deben cooperar en la financiación del segundo nivel de ayuda porque la prestación de servicios sociales es competencia autonómica", explicó.

Por tanto, afirmó que de los 7.000 millones restantes, Estado y comunidades autónomas aportarán más de 4.400 millones de euros, y el resto deberán abonarlo los propios usuarios. "Si las comunidades autónomas hacen una aportación similar a la del Estado, se cubrirían perfectamente las necesidades de todos los afectados", recalcó Caldera, que aseguró que no se baraja la subida de ningún impuesto y tampoco "tocar" el superávit de la Seguridad Social.

El titular de Trabajo presentó hoy el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y su Memoria Económica y calculó que en un máximo de dos meses el texto será remitido como proyecto de Ley al Parlamento. "España va a quedar a la cabeza de Europa en atención a la dependencia cuando esté consolidado el sistema --aseguró--, más cercano al de los países nórdicos y se aleja de los asistenciales del sur de Europa".

DERECHO UNIVERSAL Y PÚBLICO, PERO NO GRATUITO

En este sentido, explicó que la Ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su implantación será gradual hasta 2015, reconoce un derecho universal y público para todos los españoles con dependencia mayores de tres años, así como para los inmigrantes que lleven un tiempo, que debe determinarse aún, residiendo y trabajando en España, pero no para los jubilados extranjeros de países de la UE que viven en España. En este último caso, España está dispuesta a firmar convenios con sus países para que sus propios sistemas de protección financien el 100 por cien del servicio, de modo que puedan acceder al mismo.

Sin embargo, el titular de Trabajo precisó que no se trata de un derecho gratuito, sino que el usuario del sistema pagará en función de su renta y de su patrimonio. De este modo, calculó que en un principio los usuarios no pagarán más del 30 o 35 por ciento del servicio, pero que este porcentaje irá subiendo a medida que se consolide el sistema. De tal modo que aquellos usuarios que se lo puedan permitir, deberán destinar sus propios recursos a financiar incluso hasta el 90 por ciento del servicio.

A lo que el Gobierno se compromete, según comentó, es a garantizar la igualdad del servicio en todo el territorio nacional mediante la financiación íntegra del contenido básico del derecho, es decir, la creación de la Red de Servicios (centros de día, plazas de residencia, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio...) en toda España.

Para ello, invertirá los más de 12.600 millones de euros, que además servirán también para ampliar la prestación de estos servicios mediante convenios con las comunidades autónomas para cofinanciar la prestación del mismo. Cada comunidad autónoma recibirá una cuantía económica en función de su situación de partida, dado que la situación actual de la red de servicios de atención a la dependencia es diferente en función de las comunidades autónomas.

En todo caso, señaló que el Estado se compromete a financiar el 50 por ciento de la parte del servicio que el usuario no pueda sufragar, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del resto. Un ejemplo práctico: si un usuario puede pagar, en función de su renta y su patrimonio, sólo el 20 por ciento del coste de una plaza de residencia, Estado y comunidades autónomas deberán costear el 80 por ciento de la plaza a partes iguales.

TRES GRADOS DE DEPENDENCIA

La Ley establece tres grados de dependencia con dos niveles dentro de cada uno de ellos (necesidad de ayuda una vez al día, necesidad de ayuda más de una vez al día, necesidad de ayuda permanente). En 2007 serán beneficiarios de este servicio todos los grandes dependientes, en sus niveles 1 y 2. En 2008 y 2009, se incorporarán los dependientes severos de nivel 2; en 2010 y 2011, los de grado 1 de este grado; en 2012 y 2013, los dependientes moderados de grado 2; y en 2014 y 2015, los dependientes moderados de grado 1.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcárce, explicó que para fijar estos grados se establecerá un baremo estatal igual para todos los ciudadanos. Así, un ciudadano que quiera convertirse en usuario del Sistema deberá ser valorado por un equipo cualificado y multidisciplinar de las comunidades autónomas y recibirá una acreditación del grado de dependencia que padece. Posteriormente acudirá a los servicios sociales para que se le realice un plan individual de cuidados.

Caldera destacó que la Ley priorizará la prestación de servicios (residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio) frente a las medidas sustitutorias, que son la prestación económica o el cuidado familiar.

CONSEJO TERRITORIAL

La Ley contempla la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, integrado por Gobierno y comunidades autónomas, y que fijará los baremos de dependencia, la composición de los equipos cualificados, los criterios de renta y patrimonio de los usuarios, la prestación económica sustitutoria, o el salario que recibirá el familiar cuidador (que a su vez estará obligado a darse de alta en la Seguridad Social). Igualmente, fijará los criterios de distribución de los convenios con las comunidades autónomas. Deberá aprobar también un Plan de Acción Integral que tenga en cuenta todos los objetivos a cubrir para consolidar el sistema.

Además, crea un Consejo Consultivo en el que, junto con las administraciones públicas (también las locales), estarán los agentes sociales. Igualmente, supervisarán el sistema el Consejo Nacional de Discapacidad y el Consejo Estatal de Mayores. La norma establece una correspondencia entre el grado de discapacidad y el de dependencia para que las personas discapacitadas no tengan que acudir dos veces a ser evaluadas por los equipos cualificados.

El ministro de Trabajo subrayó que el texto ya cuenta con el apoyo de ERC e Izquierda Unida, y que se trata de una norma "de izquierdas", pero para todos, en la que quiere incorporar a la derecha. "Acabamos de presentar el texto a los agentes sociales, y se lo hemos remitido hoy a comunidades autónomas y partidos políticos. El consenso social es indiscutible, y la sociedad española no entendería que alguien se quedara fuera de él", comentó. La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, integrada por Gobierno, comunidades autónomas y FEMP, dictaminará el texto el próximo 18 de enero.