Planteará que el sistema de dependencia reconozca las peculiaridades de cada territorio, como el envejecimiento y el déficit de servicios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Xunta apoya el anteproyecto de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal propuesto por el Gobierno central, aunque en la Comisión Sectorial de Asuntos Sociales, que tendrá lugar mañana en Madrid, defenderá que se incluyan las "peculiaridades" y "singularidades" de Galicia, donde cerca del 22% de su población es dependiente, en su mayor parte por tratarse de personas mayores de 65 años.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha manifestado que Galicia será "de las primeras" autonomías en "volcarse en la corresponsabilidad" de organizar un sistema de dependencia, pero reclamó al Gobierno que tenga en cuenta las "singularidades" de la comunidad, como son el déficit en materia de servicios sociales y los "altos costes" derivados del elevado número de dependientes.
Touriño avanzó que en la Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Trabajo y las autonomías, Galicia planteará las "necesidades específicas" que la condicionan para asumir con eficacia el "esfuerzo" de convertirse "en una de las más avanzadas en la atención a los dependientes".
El presidente de la Xunta consideró 2006 un año decisivo, por cuanto será "preparatorio" para incorporar a Galicia al Sistema Nacional de Dependencia a partir de la definición de la red de servicios sociales. Así, aseguró que la Ley de Dependencia que prepara el Gobierno es también "uno de los grandes objetivos" del bipartito, que aspira a "dar respuesta a la demanda de igualdad" de todos los ciudadanos.
Recordó que las personas dependientes precisan de una "atención singular y especial" y que aseguró la Xunta pretende garantizar que la comunidad "no se queda atrás". Así, se comprometió a "trabajar para asumir un esfuerzo en términos de recursos humanos, técnicos y económicos que asegure ese servicio de atención a dependientes".
COMUNIDAD ENVEJECIDA
No obstante, recalcó que este objetivo pasa por que el Estado reconozca la "elevada" estructura de costes que debe afrontar una comunidad "envejecida" como la gallega y las propias carencias del actual sistema de servicios sociales. Según dijo, Trabajo comparte el "criterio de que el sistema de dependencia debe acoger las singularidades de cada territorio".
Según los datos de la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar Social facilitados a Europa Press, en Galicia hay unas 580.000 personas mayores de 65 años --de las que más de 100.000 son mayores de 80 años-- y unas 214.000 con algún tipo de discapacidad.
Estas "peculiaridades" serán planteadas por Galicia en la próxima Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en la que se analizará el anteproyecto de ley y los planes de financiación previstos por el Gobierno central, según explicó a Europa Press la secretaria xeral de Benestar Social de la Xunta, María Xesús Lago.
La responsable de este departamento, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, aseguró que Galicia considera la Ley de Dependencia como "necesaria y totalmente oportuna". Añadió que "todas las comunidades autónomas tienen que esforzarse para que todas las personas con dependencia puedan desarrollar los derechos que reconoce esta ley".
IMPACTO PRESUPUESTARIO
En su análisis sobre el nuevo texto legal, que recordó aún es un anteproyecto de ley y "dará muchas vueltas" en su tramitación, María Xesús Lago resaltó que supone "el respaldo de la Administración para que las personas con dependencia puedan vivir mejor" y admitió el "impacto presupuestario" que supondrá su implantación.
La secretaria xeral de Benestar Social aseguró la voluntad de "colaboración" de la Xunta con el Gobierno y el "apoyo total" a la futura ley, aunque advirtió de que "quiere que se tenga en cuenta la situación y características peculiares de Galicia". Según recalcó, "el punto de partida es distinto al de otras comunidades" y, por ello, "es necesario hacer otro tipo de esfuerzos" para implantar la lo previsto en la ley.
Lago expuso que en el ámbito de atención a la dependencia "no hay la misma sensibilidad en todas las comunidades" y reconoció que en estos momentos "Galicia está a la cola en recursos, servicios y programas" dirigidos a las personas con dependencia. Apuntó que la nueva Xunta, a través de la Vicepresidencia, está "dispuesta a hacer muchas cosas", porque supone "una prioridad articular todo lo necesario" para atender a los mayores y las personas dependientes.
CONFERENCIA SECTORIAL
Tanto Touriño como María Xesús Lago han trasladado ya al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, "la situación peculiar de Galicia" en relación con la atención a los dependientes y el envejecimiento de la población, así como la "preocupación" por los gallegos residentes en el exterior, que en un gran número son personas mayores.
Al respecto, la secretaria xeral de Benestar Social entiende que el Gobierno central tiene "voluntad de atender a todas las comunidades" y conseguir avanzar en la atención a las personas mayores o con dependencia a partir del reconocimiento de sus derechos a través de la nueva ley. Reconoció, no obstante, que espera que en la Conferencia Sectorial el ministerio ofrezca más información sobre el contenido de la ley y sobre sus planes para financiar las medidas previstas.
En cualquier caso, recordó que la futura Ley de Dependencia está previsto que se implante "de forma progresiva", entre 2007 y 2015, por lo que consideró que "hay tiempo" para que las distintas administraciones se preparen para afrontar su desarrollo. Añadió que, en cualquier caso, la atención a las personas dependientes "es responsabilidad de todos", por lo que también abogó por la implicación de los agentes sociales.
PROPUESTA DEL GOBIERNO
La futura Ley de Dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su implantación será gradual hasta 2015. Esta norma reconoce un derecho universal y público para todos los españoles con dependencia mayores de 3 años, así como para los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España, aunque no para los jubilados extranjeros de países de la UE residentes.
El Estado se compromete a financiar el 50 por ciento de la parte del servicio que el usuario no pueda sufragar, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del resto. Según las previsiones de Trabajo, el Estado se hará cargo de la financiación básica del derecho, cifrada en unos 12.638 millones de euros entre 2007 y 2015.
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