Foto: DEPOURENSE/Alberte Paz
Baltar pedirá una comisión de investigación y presentará alegaciones "en contra de todas y cada una" de las acusaciones de irregularidades
OURENSE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Ourense deberá reintegrar 10,12 millones de euros de los proyectos europeos Daredo y Deputrans, correspondientes a los años 2003 y 2004, tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que recoge diversas irregularidades en las contrataciones de suministros y asistencias técnicas para instalar depuradoras en municipios rurales y que insta al Ministerio de Hacienda a iniciar un procedimiento para la devolución del dinero recibido.
El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha explicado en rueda de prensa el procedimiento abierto y en varias ocasiones ha dicho que el informe de la OLAF "no es vinculante, sino de recomendaciones".
Ha explicado también que por ese informe supo que la Fiscalía de Ourense investigó en 2008 el proceso de adjudicación de las depuradoras y las diligencias fueron archivadas un año después por el juzgado de instrucción al "no apreciar hechos delictivos", según ha expuesto Baltar.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
En todo caso, Baltar ha anunciado que en el pleno de la institución previsto para el viernes 27 de septiembre se debatirá su propuesta para crear una comisión de investigación sobre la distribución de los fondos "y se analizarán todos y cada uno de sus aspectos para despejar cualquier duda".
En ese sentido, ha detallado que los grupos de la oposición recibirán 24 horas antes de ese pleno el texto de la moción y el informe de la OLAF para que tengan antes de la sesisión la misma información que tiene la institución.
Baltar se refirió a intervenciones de la oposición sobre este tema y dijo que "tuvieron acceso a los expedientes facilitados por la Diputación y desde junio de 2012 no hubo más peticiones de información", aunque no aludió al hecho de que PSOE y BNG presentaron sendas peticiones de comisión de investigación por este tema en los meses de marzo y abril de 2012, que fueron rechazadas.
"El objetivo es la transparencia máxima", según dijo Baltar en la rueda de prensa y explicó que los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación "ya trabajan" en un escrito de alegaciones y en una "petición formal de archivo del expediente, por estar prescritas las actuaciones".
EN DESACUERDO
Baltar dijo no estar de acuerdo con el informe de la OLAF y avanzó que, "avalado por los servicios técnicos y jurídicos", se presentarán alegaciones "en contra de todas y cada una de sus conclusiones".
La investigación de la oficina europea comenzó en noviembre de 2011, tras una denuncia presentada "por un empresario español del ámbito de la depuración de aguas", según Baltar supo a través del informe.
A preguntas de los medios sobre las irregularidades incluidas en el informe de la Olaf detalló que son de dos tipos. "Unas se refieren a la contratación y suministro de las depuradoras y dice que se exigían requisitos no directamente vinculados con el objeto de las contrataciones además de que éstas no estuvieron de acuerdo con las reglas de contratación pública", desgranó.
El otro tipo de irregularidad, según expuso, se refiere a las asistencias técnicas que fueron "contratadas y ejecutadas antes de que hubiese proceso de contratación".
Por último, Baltar afirmó que durante el procedimiento abierto por el Ministerio de Hacienda "por recomendación" de la Olaf, la Diputación irá explicando las razones por las que considera "improcedentes" los datos del informe. El período para la devolución o recurso es de 12 meses.
