El bipartito estudiará los modelos de Barcelona y Granada para asegurar que los municipios reciben los servicios "imprescindibles"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los responsables de las cuatro diputaciones provinciales reivindican "el gran papel" que ejercen en la gestión de las provincias gallegas, pero asumen que estas instituciones "tampoco pueden quedar fuera" en un contexto en el que todos los poderes del Estado están siendo sometidos a una modernización estrutural. Por ello, ponen como condición que la reforma dote de nuevas competencias y de más recursos económicos a los entes provinciales.
Despué de la polémica política provocada por la comparecencia parlamentaria del conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, en la que sugirió la posibilidad de suprimir las diputaciones, ambas partes han replegado posiciones y, una vez obtenida de la Xunta la garantía de su continuidad, los entes provinciales admiten estar dispuestos a una reforma.
No obstante, los cuatro presidente provinciales --los populares José Luis Baltar, Francisco Cacharro y Rafael Louzána y el socialista Salvador Fernández Moreda-- aclararon que este proceso de mejora debe entenderse "en dos direcciones". En consecuencia, conminaron al Gobierno gallego a que se comprometa a traspasar materias inéditas en la administración supramunicipal y garantías económicas para su consecución.
Así, el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, aseguró que el organismo que dirige "desarrollaría mejor su labor" si contase con competencias adecuadas y recursos suficientes ya que, según él, la Administración autonómica ha "ahogado" tanto la actuación como la gestión económica de las diputaciones, impidiéndoles plantear soluciones a los ayuntamientos.
VENTAJAS DE LA PROXIMIDAD
Al respecto, los cuatro presidentes coincidieron en que los entes provinciales "no sólo pueden dar magníficos resultados", sino que son capaces de resolver "mejor que las comunidades" los problemas de los municipios. En esta misma línea, el responsable coruñés, el socialista Salvador Fernández Moreda, reivindicó la "intermunicipalidad" y la necesidad de un "órgano intermedio" entre la Xunta y el ámbito local.
Como su homólogo ourensano, Moreda también abogó por transferir las competencias a las instituciones más próximas si éstas pueden gestionarlas ya que, a su juicio, "cuanto más cerca esté la Administración del ciudadano, más fácilmente éste percibirá sus efectos y controlará su ejercicio".
Por su parte, el pontevedrés Rafael Louzán destacó la "defensa de los intereses de las provincias" que ofrecen las diputaciones y la utilidad de su gestión como organismos "ágiles, dinámicos y cercanos a los ciudadanos". No obstante, admitió la posibilidad de perfeccionar su estructura y, en consecuencia, confirmó que cuando la Xunta presente su propuesta, habrá que analizarla "en profundidad".
ESTRATEGIA COMÚN
Para ello, Louzán estimó que los cuatro responsables deberán coordinarse para adoptar una posición común; mientras Fernández Moreda sostuvo que aunque el debate sobre el futuro de los gobiernos provinciales es "razonable", la orientación debe encaminarse a analizar cómo "reforzarlos". "Difícilmente un Gobierno autonómico puede suprimirlos, puesto que están en la Constitución", declaró.
Así, la Carta Magna establece en el artículo 141.2 que el gobierno y la administración de las provincias "les estarán encomendados a las diputaciones", si bien aclara que también puede competerle a "otras corporaciones de carácter representativo". No en vano, el propio conselleiro de Presidencia había apuntado en su intervención en el Parlamento que el texto de 1978 "habla una sola vez" de las diputaciones, para aclarar que "puede haberlas o no", mientras que subrayó la necesidad de que la estructura territorial cuente con provincias.
Por su parte, el titular de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, fue el más contundente ante estas declaraciones, puesto que llegó a acusar a Méndez Romeu de "no saber leer", y advirtió de que sólo aceptará cambios en la estructura de las diputaciones si éstos implican transferencias. Según él, la renovación anunciada por la Xunta pretende "acaparar todas las competencias" y restárselas a "ayuntamientos, diputaciones, Gobierno central y si pueden, a la Unión Europea y a los Estados Unidos".
MODELOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
Además, Cacharro incidió en que plantear la supresión de los gobiernos provinciales es una "utopía", opinión suscrita por el propio titular de Presidencia, quien confirmó a Europa Press que "no cree que deban desaparecer", puesto que "las otras estructuras supralocales tampoco han funcionado bien". "Las comarcas han sido un fracaso con el Gobierno anterior y no parece que ese modelo tenga ningún futuro", aseveró.
En consecuencia, la Xunta trabaja en una propuesta que combine la potenciación de las áreas metropolitanas en las concentraciones urbanas de Vigo y A Coruña con "diputaciones modernizadas que no jueguen a ser contrapoder de los grandes ayuntamientos" para el resto de los municipios.
Para ello, el Gobierno autonómico analiza los distintos modelos del Estado, con una atención especial a los patrones implantados en las diputaciones de Barcelona y de Granada y en alguno de los cabildos de Canarias, con el objetivo de importarlos al sistema provincial gallego.
En el modelo catalán y en el andaluz, las diputaciones han concertado con los municipios estructuras permanentes en ámbitos como la formación, la cultura o los servicios de urbanismo que, según Méndez Romeu, "están funcionando y son aceptadas por los propios ayuntamientos".
DEPENDENCIA DE LAS SUBVENCIONES
Por contra, denunció que en la comunidad "son los municipios los primeros en quejarse de la situación actual de las diputaciones" y de la "dependencia excesiva" de subvenciones anuales "no regladas" que les impiden una "planificación coherente", pese a que el cometido fundamental de los gobiernos provinciales es garantizar la prestación de los "servicios imprescindibles" de los entes locales.
Así, recordó que las diputaciones "existen porque hay pequeños municipios" que precisan de estructuras estables y homologables con las grandes áreas urbanas que no pueden sostener. "Y eso no se resuelve sólo con subvenciones, hacen falta políticas concertadas", advirtió Méndez Romeu, quien admitió como "evidente" que las localidades de menor tamaño sólo pueden tener garantizados los servicios "agrupadas en alguna estructura de carácter voluntario pero estable".
En consecuencia, sentenció que "ahí es donde las diputaciones tienen su futuro" y concretó que la reforma deberá propiciar que los gobiernos provinciales "contribuyen a crear y sostener estructuras supralocales" que garanticen los servicios imprescindibles". "No podemos seguir viendo cómo muchos municipios de Galicia no tienen un servicio de arquitectura y urbanismo que controle las licencias, la calidad arquitectónica,... Eso, cuando no lo puede pagar un pequeño municipio, lo tiene que pagar la Diputación", concluyó.
