Estatuto.- Los presidentes de las diputaciones piden "potenciar" su papel y una "mayor coordinación" con la Xunta

La Fegamp pide un ley que garantice "competencias propias y plenas" a los municipios y una "mayor participación" en la gestión del catastro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA RPESS) -

Los presidentes de las cuatros diputaciones gallegas, Salvador Fernández Moreda --A Coruña--, Francisco Cacharro --Lugo--, Xosé Luis Baltar --Ourense-- y Rafael Louzán --Pontevedra--, reclamaron hoy que el futuro Estatuto "potencie" el papel de las instituciones provinciales a través de una "mayor coordinación" con la Xunta, al tiempo que se mostraron partidarios de la creación de áreas metropolitanas.

Durante su comparencencia en la Comisión de Estudo para a Reforma do Estatuto, los cuatro titulares subrayaron que las diputaciones son "órganos imprescindibles" en la actual organización territorial y recordaron que su supresión, reclamada por el BNG, es "anticonstitucional". "Son básicas para la prestación de servicios y no para enredar o entorpecer, como dicen algunos", defendió Cacharro.

De esta forma, descartaron los argumentos utilizados por dirigentes tanto de PSdeG como del Bloque, como el carácter caciquil, puesto que, según tanto Moreda --único socialista-- como Louzán, "no hay entes caciquiles, sino personas caciquiles". "Cualquier acto irregular es imputable a las personas que gobiernan y no a las diputaciones. Es a nosotros a quien nos hay que pedir cuentas", agregó Baltar.

En este sentido, criticaron el actual "desajuste competencial" que existe entre las instituciones autonómicas, las locales y el Gobierno central y reclamaron una "mayor coordinación" con la Xunta para "esclarecer" los "ámbitos de actuación" de cada entidad y la financión respectiva. Una petición que los presidentes populares de Lugo, Pontevedra y Ourense convirtieron en exigencia y por la que reclamaron al Ejecutivo gallego que esta coperación no se convierta en "subordinación".

FINANCIACIÓN

Así, demandaron una financiación "adecuada" y "suficiente" y mientras Moreda pidió la participación en los tributos de la comunidad, Louzán apostó por diseñar un Plan Estratégico con información socioeconómica y territorial. También Baltar reclamó que se acabe con el "ninguneo" de las diputaciones y criticó que se haya dejado en el "chasis" los recursos y competencias de estos entes.

Asimismo, todos ellos abogaron por compartir servicios comunes para "mejorarlos" y coincidieron en que el futuro Estatuto recoja las áreas metropolitanas como parte de la organización territorial de Galicia, puesto que tanto Cacharro, como Baltar y Louzán lo consideraron "interesante" y "necesario" para una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, principalmente a los de las áreas de Vigo y de A Coruña.

No obstante, el presidente de la Diputación coruñesa, Salvador Fernández Moreda, puntualizó que, a pesar de considerar las áreas metropolitanas "necesarias", "no es partidario" de su implantación. "No funcionan en España y casi en Europa", apuntó, al tiempo que se decantó por el consorcio como la mejor fórmula de gestionar las grandes ciudades gallegas y su entorno.

NACIÓN Y LENGUA

También los cuatro presidentes coincidieron en la necesidad de que en el futuro texto figuren medidas de defensa del gallego, "por estar en inferioridad de condiciones" con respecto al español, aunque puntualizaron que "hay que evitar imposiciones".

No obstante, discreparon en la definición identitaria de Galicia, puesto que el socialista Moreda "no vería con malos ojos" que en el preámbulo "quedara claro" la identidad nacional gallega, bien a través del término nación --como en Cataluña--, bien con el de realidad nacional --como en Andalucía--, aunque no así en el articulado. "Es un término nominal sin efectos jurídicos porque si los tuviera habría que buscar otra denominación acorde con la Constitución", añadió.

Precisamente, el argumento constitucional fue el esgrimido por Louzán, Baltar y Cacharro para decantarse por el término nacionalidad histórica. "La terminología nación es inconstitucional y en lenguaje político supone un sujeto soberano. Con ello le diríamos al resto de españoles que no son como nosotros", indicó Baltar.

"Nacionalidad histórica es la fórmula apropiada, tanto desde el punto de vista legal y constitucional como desde la realidad social y política de Galicia", defendió Louzán, quien subrayó que en esta comunidad "no hay conflicto identitario". "Tal y como está en el actual Estatuto está bien", añadió Cacharro.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

En cuanto a la organización territorial, Salvador Fernández Moreda propuso dos niveles de organización territorial; uno "básico e indispensable" que serían los municipios y provincias y otro "no básico", en el que estarían las áreas metropolitanas, comarcas y parroquias rurales. Francisco Cacharro mostró sus reticencias a las parroquias y comarcas y se decantó por compartir servicios con las áreas metropolitanas, a las que consideró entes "necesarios".

También José Luis Baltar apostó por las diputaciones como los órganos intermedios que "mejores servicios" pueden prestar a los ciudadanos y descartó las comarcas porque funcionarían como "diputaciones en pequeño". Asimismo, abogó por una reforma del régimen local de estas instituciones para convertirals en entes de elección directa con composición intermunicipal. "Incluso los diputados podrían tener la condición de concejales", aclaró.

"El sistema de elección actual es lógico pero no estaría en contra de la elección directa", puntualizó Louzán, quien recomendó a la Xunta que no prentenda "salir del centralismo de Madrid para caer en el de Santiago".

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

Por otra parte, el presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, abogó por una Ley de la Administración Local de Galicia que garantice que los ayuntamientos tengan un núcleo de competencias propias que puedan ejercer con "plena autonomía". Para ello, también reclamó la transferencia de la financiación correspondiente, puesto que, según alertó, la mayor parte de los municipios "están en la UCI en temas económicos".

En este sentido, reclamó el derecho de los ayuntamientos a ser compensados por el incremento del gasto o minoración de los ingresos, así como el derecho de participar en los ingresos de la comunidad autónoma. Asimismo, consideró necesario la elaboración de un estudio del coste global de las competencias asumidas por los municipios y que no le corresponde pagar a ellos para que sean sufragados por la Xunta.

Finalmente reclamó la redacción de una ley autonómica que garantice la iniciativa legislativa de las entidades locales. También recalcó la necesidad de tener una papel "más activo" en la gestión del catastro en colaboración con el Estado y las autonomías.