Faltan a clase 100 niños de los gitanos desterrados de Pontevedra, que vuelven a "preparar sus cosas para marcharse"

VIGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 410 gitanos zamoranos que este domingo regresaron a sus viviendas --mayoritariamente en O Porriño y Tui-- del 'destierro' vuelven a "preparar sus cosas para marcharse" en caso de que la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y la Xunta no actúen para "normalizar la situación" y "hacer cumplir" la ley y la Constitución.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Autónomos de Galicia, Francisco Romero Alvite, que ha asegurado que estas personas --unas 90 familias-- han vuelto a "encerrase en sus casas" y este jueves no han llevado a sus hijos --alrededor de 100 niños-- al colegio. "No fueron ni van a ir", ha asegurado.

Sobre la ausencia en las aulas de los niños, la Xunta ha trasladado a Europa Press que la Consellería de Educación "continúa con la tramitación del expediente de absentismo" de los estudiantes y seguirá haciendo el seguimiento de estos alumnos "para ver cómo avanza el caso".

Estas familias habían sido supuestamente 'desterradas' hace días por el consejo de ancianos de la Sociedad Gitana gallega por considerarlos "traidores", al no apoyar el boicot que estaban promoviendo contra un mercadillo semanal en Tui, y regresaron el pasado domingo a sus hogares. Desde entonces, han mantenido reuniones "continuas" con la Asociación de Comerciantes y Ambulantes de Galicia pero "no dan un paso adelante".

Según ha explicado Romero Alvite, estos encuentros "no fructifican" porque la posición de los gitanos gallegos es "inamovible". "Quieren obligarles a pertenecer a una cooperativa aunque no quieran", ha indicado antes de señalar que lo que quieren estas personas es "ser autónomos libres, pero alguien les impide vivir, trabajar y estudiar donde quieren. Es una violación de los derechos humanos".

Así las cosas, ha manifestado que esta vez hay un "inmenso peligro de que esta gente se vaya de forma definitiva", por lo que ha insistido en que es necesario que intervengan de forma "inmediata" los poderes públicos para obligar a que la ley se cumpla "en todos los ayuntamientos de Galicia".

"SOLUCIÓN POLÍTICA"

Romero Alvite ha incidido en que este problema es "político, y la solución es política". Así, ha pedido que la Xunta intervenga y actúe judicialmente "contra los alcaldes gallegos" que no hacen cumplir la ley. "Que intervengan la Xunta, la Fiscalía, la Delegación... y que aparezcan los culpables", ha apostillado.

"Si --el Gobierno-- hace una ley está obligado a velar por su cumplimiento", ha argumentado el vendedor ambulante, antes de reiterar que esta "falta de cumplimiento es la que generó el problema" actual, en el que "hay una cooperativa que se quiere imponer, y algunos alcaldes lo permiten".

"Es degradante que el presidente de la Xunta se quede haciendo la política del avestruz, su conducta es muy peligrosa", ha mantenido Romero Alvite, que ha criticado que Feijóo a día de hoy "sigue sin considerar prioritario" que 410 personas puedan volverse a marchar y que casi 100 niños vayan a formar "una generación traumatizada". "Estos niños llevan meses oyendo a los padres que no pueden salir a trabajar en un país democrático y no hay condena para los culpables", ha finalizado.

AYUNTAMIENTO DE TUI

Por su parte, el Ayuntamiento de Tui, en un comunicado ha trasladado que estas familias de vendedores ambulantes se sienten "intimidadas y privadas de ejercer sus más elementales derechos tanto de trabajo como de residencia", lo que "les obligó a tomar decisiones tan drásticas como la de no mandar a los niños a la escuela, encerrarse en sus casas, no trabajar y planificar una nueva huida".

Además, señala que la ausencia de denuncias --"por razones de cultura y, sobre todo de miedo a represalias-- no deben ser "óbice para que se protejan los derechos fundamentales de trabajo, residencia e integridad física", y por ello ha exigido "la inmediata" intervención policial y judicial en Tui y que se emprendan acciones judiciales por "la vulneración de derechos constitucionalmente reconocidos".