Actualizado 14/02/2017 16:46 CET

La Fegamp reclama reformular impuestos y atender la dispersión y envejecimiento para una financiación local "justa"

Miembros de la Fegamp
EUROPA PRESS

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Executiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha aprobado por unanimidad un documento con 45 medidas "consensuadas" que apoyan todos los grupos políticos para lograr un nuevo modelo de financiación local "justo y no discriminatorio" con Galicia, que tenga en cuenta las características propias de comunidad, tales como envejecimiento, dispersión o el medio rural.

   "Equilibrio", "justicia" y "no discriminación" han sido los tres conceptos en los que más ha incidido el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, encargado de presentar las propuestas que son el resultado de diez meses de trabajo por parte de una comisión de expertos, cuyo presiente es Antonio López, catedrático de Dereito Financieiro e Tributario en la USC.

   En la presentación han acompañado a García el vicepresidente primero y alcalde de Cervo (Lugo), Alfonso Villares (PP); el vicepresidente segundo y alcalde de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero (BNG); el vicepresidente ejecutivo y alcalde de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás (PSOE), y el portavoz y alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela (Sadamaioría).

   Precisamente, a modo de ejemplo, Villares ha apuntado que la comisión de expertos concluye que, desde una perspectiva global y atendiendo a los distintos parámetros que influyen en la financiación local (desde impuestos, a participación en los ingresos del Estado, deuda, etc), los ayuntamientos gallegos cuentan con casi 300 euros menos por habitante que la media estatal.

   Al margen de que se tengan en cuenta criterios clave para la comunidad, las medidas de la Fegamp inciden en otras cuestiones como la reformulación de los impuestos; la creación de una ley específica que regule la participación en los ingresos de la comunidad; y la adopción de decisiones que "minimicen" las transferencias finalistas a los ayuntamientos, integrando en la medida de lo posible estas cuantías en el Fondo de Cooperación Local.

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