Recuerda que los fiscales tienen mecanismos para "oponerse" a indicaciones que "perturben" su actuación
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, se ha mostrado partidario de "regular el indulto" y que esta figura sea "controlada judicialmente" si hay una decisión "arbitraria" del Gobierno.
Lo ha dicho en la Comisión Institucional en respuesta a la diputada de AGE Yolanda Díaz, quien se interesó por conocer si su opinión acerca de los indultos a personas juzgadas por corrupción, al respecto de lo que ella se ha manifestado contraria.
Carlos Varela ha recordado que la concesión de un indulto corresponde al Gobierno y que la función de la Fiscalía o de un tribunal es únicamente informar de si lo estima procedente o no.
Sobre su experiencia, ha reconocido que en ocasiones se quedó "asombrado" después de haber informado de forma contraria al indulto y que, después, se hubiese concedido.
Por ello, ha indicado que "lo que sería conveniente es exigir una mínima vinculación, incluso que fuese controlado judicialmente". "Si hay un ejercicio arbitrario de una competencia, que pueda ser controlado o fiscalizado judicialmente, cuando no concurre ningún motivo para la concesión del indulto", ha explicado.
CASO NÓOS
Por otro lado, y preguntado por la actuación del fiscal del Caso Nóos, Carlos Varela ha señalado que tiene que "confiar en el papel de este compañero de oposición" y ha recordado que su colega "tiene mecanismos suficientes para no ser presionado" por la Fiscalía General del Estado.
Al respecto, ha explicado que, aunque haya una dependencia jerárquica de la Fiscalía, para garantizar la unidad de actuación, los fiscales tienen un estatuto que les da "recursos para oponerse a esa orden" si la indicación que se da "perturba" el trabajo. Dicho esto, ha puesto el ejemplo del conocido como 'caso Faisán', en que el fiscal se opuso a calificar un delito.
Por otro lado, el fiscal ha vuelto a considerar "esencial" para el combate de la corrupción a nivel autonómico que se lleven a cabo "planes de prevención de riesgos de gestión" en las administraciones, que serían evaluados por el consejo de la transparencia.
En este sentido, se ha mostrado "seguro" de que se puede conseguir un "sistema preventivo e integrado de combate de los comportamientos administrativos corruptos", con el consiguiente "impacto positivo en la calidad de la democracia" y en los "niveles de confianza institucional".
