El fiscal pide 28 años de cárcel para el grapo Silva Sande por el secuestro de Publio Cordón

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy solicita 28 años de prisión para el dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por la detención ilegal del empresario zaragozano Publio Cordón, quien permanece en paradero desconocido desde su secuestro, cometido por miembros de esta banda terrorista el 27 de junio de 1995. Solicita también una indemnización para la familia de 2,7 millones de euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal apunta que la familia del empresario abonó a la organización terrorista, en agosto de 1995, un total de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) para lograr la liberación de Cordón, que los secuestradores se produjo el 17 de agosto de ese año en las proximidades del Estadio de Sarriá de Barcelona.

Más allá de esta versión, según concreta el fiscal en su escrito, no consta explicación alguna por parte de Silva Sande ni por la el resto de implicados en el secuestro y ya condenados -Enrique Cuadra Echeandía, José Ortín Martínez y Concepción González Rodríguez-, "sobre la desparición física de quien tenían en su poder y lugar de custodia del cautivo, careciéndose, desde entonces, de toda noticia seria cierta y comprobada" del paradero del empresario.

Según señala el Ministerio Público, todas las investigaciones sobre la situación de Publio Cordón realizadas hasta el momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han resultado "infructuosas". Los hechos de los que se acusa a Silva Sande, quien según el fiscal fue el encargado de custodiar al empresario, constituyen un delito de detención ilegal.

PREPARACIÓN DEL SECUESTRO

Según las conclusiones de la Fiscalía, entre mayo y junio de 1995 los miembros del denominado Comité Central de la organización terrorista Grapo -Silva Sande y los otros tres terroristas ya mencinados-, mantuvieron un encuentro en París para "seleccionar los medios de financiación de la citada asociación criminal", y en él se acordó, a propuesta de Cuadra, el secuestro del insdustrial PublicoCordón "tras descartar los asistentes los nombres de otras personas cuya identidad no consta suficientemente acreditada".

En esta reunión se distribuyeron los distintos roles necesarios para llevar a cabo el secuestro, como los de obtención de información y negociación con la familia para obtener el rescate, que desempeñarían Ortín y González, "reservando la custodia y vigilancia posterior de Don Publio Cordón al procesado Fernando Silva Sande".

Concepción González se desplazó a Zaragoza y allí alquiló un piso en la calle Delicias, que ocuparon Ortíz y Cuadra un mes antes de la fecha planeada para el secuestro. Allí realizaron seguimientos al industrial y compraron un turismo y una furgoneta que utilizarían en su acción, utilizando documentación falsa.

El 27 de junio de 1995, Cordón salió temprano a realizar 'footing' acompañado de sus tres perros en una zona próxima a su residencia en el Canal Imperial de Aragón de Zaragoza. Allí fue abordado por Cuadra, Ortín y Silva Sande quines le amenazaron con una pistola "cuya capacidad de hacer fuego real no ha quedado acreditada" y le introdujeron en la furgoneta.

Despúes se desplazaron hasta un polígono industrial no concretado, donde introdujeron al industrial en un turismo y se dirigieron "a un lugar no determinado del territorio francés donde Fernando Silva, solo o auxiliado por otra u otras personas, -en cualquier caso no identificadas-, custodió al detenido", según el fiscal.

Tras reivindicar la autoría de los hechos en sendas cartas remitidas a los periódicos Las Provincias de Valencia, La Voz de Galicia de Pontevedra y el Heraldo de Aragón, los secuestradores exigieron a la familia "movida siempre por el deseo de poner fin a la situación creada por los procesados", 500 millones de pesetas para la recuperación de Publio, aunque la cantidad finalmente se fijó en 400 millones de pesetas.

PAGO EN PARÍS

Se acordó realizar el pago el 9 de agosto en París, ciudad a la que se trasladaron para tal fin la hija del empresario, Carmen Cordón Muro, y su marido. Allí entregaron a Cuadra y Silva el dinero, que habían transportado en tres bolsas de deporte.

"Logrado por el procesado su inicial propósito de percepción del dinero -continúa el escrito-,y pese a su reiterada manifestación, repetida en sede judicial, precisando como hora, fecha y lugar de la liberación del detenido las primeras de la mañana del día 17 de agosto de 1995 en las proximidades (...) del Estadio de Sarriá de la ciudad de Barcelona (...) no consta que la misma se haya producido hasta la fecha. Esos mismos datos fueron comunicados telefónicamente a la familia Cordón por el ya condenado Cuadra Echeandía.

Además de los 28 años de prisión y del pago de la indemnización a la familia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se prohíba a Silva salde que vuelva a Zaragoza por un periodo de 10 años a contar desde la fecha de cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

El terrorista, entregado temporalmente por Francia, deberá ser devuelto al país vecino el próximo 4 de agosto, aunque volverá a ser puesto en manos de la Justicia española de nuevo en noviembre, esta vez de forma definitiva, según fuentes fiscales.