El juicio contra la regidora, cuatro ediles socialistas y el aparejador municipal sustituto quedó hoy visto para sentencia
FERROL, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal mantuvo hoy la petición de condena de 9 años de inhabilitación para la alcaldesa de Cabanas (A Coruña), la socialista Modesta Anca, por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, al considerar que los hechos están probados.
Además, la fiscal, que aclaró que se mueve por la "defensa de los intereses público y no políticos", solicitó 20 meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria, con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
El juicio contra la alcaldesa; los ediles, también socialistas, Jesús Freire, José Casimiro Rey, Luciano José Díaz y María José Cabana; así como contra el aparejador municipal José Juan Rivera González, quedó visto para sentencia hoy en la sala de lo Penal número 1 de Ferrol.
A los cuatro primeros se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que a Rivera González, aparejador sustituto, de un delito continuado de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.
Además, para los concejales Jesús Freire Torrente, José Casimiro Rey García, Luciano José Díaz Martínez y María José Cabana Rodríguez pidió penas de inhabilitación especial para cargo público en las corporaciones locales durante ocho años y multas de 14 meses a una cuota diaria de 20 euros.
Por su parte, el Ministerio Fiscal demandó para José Juan Rivera González por el delito contra la ordenación del territorio, inhabilitación especial para empleo y cargo público de arquitecto técnico o aparejador al servicio de las administraciones públicas durante 9 años y 20 meses de multa a razón de 20 euros por día con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
Asimismo, por el delito continuado de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, solicitó 20 meses de multa así como inhabilitación durante 3 años o 11 meses de multa y suspensión de empleo o cargo público de arquitecto técnico o aparejador durante tres meses.
Por su parte la defensa solicitó la absolución y el pago de las costas judiciales por parte de la acusación particular. Alegó que se trata de "cuestiones de interpretación" y que no existe "dolo" en la contratación de Rivera González, pues "no se movía por intereses privados" porque si no, hubiera ocultado su participación en la sociedad, Capitel Consulting SL.
Además, consideró que no se puede juzgar a los imputados por el delito de prevaricación porque "no se cumplen los requisitos" y añadió que la acusación busca un "interés político" porque "si el ayuntamiento no avanza, la oposición se va a beneficiar", aseguró la abogada Fernández Garrido.
La acusación particular, ejercida por Luis Salgado Cortizas, ex portavoz de Iniciativa Vecinal Cabanesa y representada por el letrado, Bustabad Ferreiro, manifestó "que se puede declarar probado todo" y que los imputados "sabían que estaban actuando de modo ilegal". Asimismo, calificó la actuación del aparejador municipal, Rivera González "como la de un elefante en una cacharrería".
HECHOS
Los hechos se remontan al año 1999 cuando el 27 de octubre de ese año se aprobó en pleno el estudio de detalle de una urbanización situada en las inmediaciones de la playa de A Magdalena y colindante con la vía del ferrocarril.
No obstante, en 1994 Prominfer SL, con un proyecto del arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños, solicitó licencia para la construcción de 13 viviendas adosadas en San Martín do Porto. A pesar de que las viviendas se construyeron y ocuparon en 1998, la aparejadora municipal, Elisa Baamonde emitió un informe desfavorable a la tramitación de otra urbanización de dos viviendas más en la misma zona, asegurando que el proyecto "carecía de estudio de detalle".
El proyecto fue autorizado por el imputado Rivera González, días más tarde, cuando fue contratado --por decreto-- durante el mes de agosto para cubrir las vacaciones de Baamonde.
Por aquel entonces, José Juan Rivera González trabajaba como aparejador en el Ayuntamiento de Ares y constaba como administrador solidario en la empresa Capitel Consulting SL. Esta empresa, dedicada al estudio, confección y dirección de proyectos de arquitectura desde 1988, estaba participada Isolina Castro Carnero, casada en régimen de gananciales con José Juan Rivera, el arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños -redactor del proyecto de Prominfer-- y un tercero.
TESTIMONIOS PERICIALES
En la vista de hoy, la perito judicial designada por la Xunta, la aparejadora María Dolores Garrido, explicó que la edificación en la inmediaciones de la Playa de la Magdalena invadía terrenos de protección del ferrocarril como "se podía observar a simple vista".
Asimismo, aseguró, respondiendo a las preguntas de la defensa, que aunque no consultara la normativa de Renfe, lo que diga el organismo no quiere decir "que desde el punto de vista urbanístico sea correcto", sino que simplemente informa de que "no le importa que se invada la zona".
Por su parte, el arquitecto Alfredo Garrote ratificó la autorización de Rivera González al estudio detalle y difirió con el informe pericial judicial en cuanto a la clasificación del terreno. Para Dolores Garrido se trata de "suelo rústico", por lo que podrían sumar parcelas y viales hasta alcanzar los 3.000 metros cuadrados de superficie para hacer un estudio de detalle, mientras que Garrote afirmó que se trata de "suelo urbano" que "sí se puede computar". No obstante, advirtió que la normativa de Cabanas es "deficiente y sumamente confusa".
El urbanista Carlos Aval reconoció la procedencia de un estudio de detalle porque "es lo que dicen las normas subsidiarias" y aseguró que con la legislación vigente en aquel momento "es defendible", aunque "con los criterios de hoy en día las conclusiones serían diferentes".
